Hace 13 años María de los Ángeles Verón, Marita, 23 años, era secuestrada en Tucumán víctima de las redes de trata. A partir de su desaparición, Susana Trimarco, su madre, se inició como investigadora, recorrió sin miedo y sin descanso cada lugar donde podía estar prisionera su hija, nada ni nadie pudo detenerla, hasta que consiguió demostrar la existencia de una red delictiva de traficantes en Argentina que operan en La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz.
En la búsqueda, logró recuperar la libertad de más de un centenar de victimas incluyendo a 17 mujeres de Argentina que se vieron obligadas a ejercer la prostitución en Bilbao, Burgos y Vigo en España.
Logró llevar al banquillo a quienes entregaron a su hija, sin embargo, también tuvo que lidiar con la corrupción judicial cuando en el primer juicio oral, el tribunal de Tucumán definió la absolución de todos los sospechosos. Susana apeló de la sentencia, hasta lograr que otro cuerpo de magistrados reconociera la culpabilidad de diez de los acusados, condenándolos a penas de entre 10 y 22 años de prisión.
La lucha de Susana Trimarco nos permitió comprender en toda su dimensión, que la esclavitud existe, y que cientos de niñas y jóvenes son víctimas de la explotación sexual, tratadas como objeto de consumo, para formar parte de un mercado perverso, donde la existencia de clientes, sostiene y amplía la red. Esta visibilización permitió la sanción de la Ley contra la trata de personas, que impide excarcelar a los sospechosos, entre otros puntos.
La provincia de Río Negro, no es ajena a este flagelo, de hecho, Trimarco tiene en su poder, desde el 2008, las escuchas que prueban el vínculo entre la policía y dueños de los prostíbulos, sin embargo, salvo la decisión de cerrar estos locales, no se sancionó a los uniformados involucrados, pero se castigó al único policía que investigó. Los nombres de Otoño Uriarte, Florencia Pennacchi, las niñas y jóvenes entregadas por comida y monedas, el reciente escándalo que involucra a funcionarios del poder político, judicial y económico de Viedma, son la punta del icerberg que pone en alerta la existencia de estas redes alrededor nuestro.
Como trabajadores y trabajadoras de la educación, asumimos el compromiso en defensa de la vida y la dignidad, en consecuencia nos mantenemos alertas, porque las víctimas son mayoritariamente niñas, niños y jóvenes de los sectores populares, a quienes debemos proteger, con la misma convicción que debemos educar para que no se continúe naturalizando que el cuerpo de las mujeres son objeto de consumo, que niñas y niños son material de descarte frente al poder del dinero, que tenemos la obligación como sociedad de cuidar a cada persona, como cuidamos a nuestros hijos e hijas, si realmente aspiramos a una sociedad más justa.
Gral Roca, Fiske Menuco, 3 de abril de 2015
Luis Genga, Secretario de Derechos Humanos, Género e igualdad de oportunidades
María Inés Hernández, Secretaria de prensa, Comunicación y Cultura
Ilustración. "Callan" Autor: Marcelo "Chelo" Candia
Un Estado que no protege su infancia, está destinado al fracaso
Desde UnTER hemos denunciado que detrás de estas redes, se esconde la ruta del narcotráfico, se promueve la violencia institucional y la corrupción que prolifera en todos los estamentos del poder. Porque hemos visto como las causas, una por una quedan impunes, exigimos que esta vez se rompa el círculo perverso. Tiempo atrás, Alberto Weretlineck presentó con bombos y platillos el mapa del delito en Bariloche, dio nombres y ubicaciones de “malvivientes” que vivían, por supuesto, en los sectores populares de la ciudad turística, nos preguntamos si ahora será capaz de hacer lo mismo, aunque le toque marcar los barrios más lujosos de Viedma y alrededores.