Luego del atentado del 11 de septiembre de 2001, quedó claro que los fines que el capitalismo no consiga imponer con sus recetas recesivas, golpes de mercado o gobernantes sumisos y cómplices, lo logrará por medio de intervenciones militares, con anuencia de la ONU.
El 28 de septiembre de 2001, asume una nueva conducción al frente de la UnTER, Aurelio Vazquez es el Secretario General.
Se realizaron retiros anticipados, en reclamo por los reiterados atrasos salariales. A la discriminación por sectores y localidades, se agregó la extensión de los tiempos que supera el mes vencido, que obliga a los trabajadores a convertirse en morosos por responsabilidad de la patronal y padecer una nueva rebaja salarial, al pagar recargos e intereses al cancelar sus deudas.
Se realizó un paro nacional docente en octubre de 2001, convocado por CTERA por el pago del FONID, se adeudaban dos cuotas del primer semestre de 2001 y su continuidad en el presupuesto nacional 2002. Pago en tiempo y forma de los salarios docentes. Rechazo a las políticas de ajuste de los gobiernos nacional y provincial. Rechazo al Decreto Nacional nº 480 y ratificar la exigencia de desprocesamiento de los militantes sociales por participar en luchas populares, anulación de la condena de la docente Marina Schifrin. Se rechazó el pago en tickets y se exigió que el salario se efectúe en efectivo y sin rebajas.
En el marco de las elecciones legislativas de orden nacional de octubre de 2001, se impulsó el voto docente por trabajo, salud, justicia, jubilación digna y educación. Más del 40% de la población repudió a la clase política. El resultado demostró el desprestigio y vacío de poder del gobierno de Fernando De La Rúa y Pablo Verani.
Se denunciaron las políticas de ajuste del gobierno y sus consecuencias como el pago en tickets y en Lecop y el Decreto Ley 5/01 que indica la suma de aportes que el gobierno deja de realizar a la Caja de Jubilación, IPROSS y UnTER.
Se difundió el rechazo al censo nacional porque: desde lo político y técnico no refleja las necesidades del pueblo trabajador, no indaga sobre la realidad de las minorías oprimidas, esconde el trabajo de los menores, oculta de explotación del trabajo en negro y los contratos a término, desvía la mirada sobre la desarticulación de la producción, falsea la distribución de la renta nacional.
En noviembre de 2001 el Ministro de Economía Domingo Cavallo lanzó una serie de medidas que bloqueaban el uso de efectivo, denominado "corralito" financiero.
Se realizó una presentación al Superior Tribunal de Justicia, (STJ) que fue acompañada por una movilización a Viedma, el 15 de noviembre de 2001, en rechazo al fallo del STJ que legitimó el ajuste, a pesar de los fallos de la Cámaras Laborales de la provincia que declararon su inconstitucionalidad.
Se reprimió a los docentes en Roca, y el Secretario General de la Seccional Dante López, fue golpeado por la policía, antes de ser detenido, en momentos en que se desarrollaba una movilización en cercanías de la casa del entonces, Ministro de Acción Social de la Nación, Daniel Sartor.
Ante la situación política, económica y social, se realizó una movilización provincial a Viedma junto con los gremios APEL, ATE y Sitrajur, en el marco del cierre del ciclo lectivo 2001.
El 13 de diciembre se realizó un paro nacional, por el pago unificado, sin rebajas, sin tickets, sin LECOP, por aumento del presupuesto educativo, en contra de la municipalización de la educación, por el pago del aguinaldo y del incentivo docente y las políticas de De La Rúa - Cavallo.
La exasperación provocada por los planes de ajuste, implementados para pagar la deuda externa, la desocupación y la miseria, lanzaron al pueblo a la calle. La respuesta de los gobiernos provinciales y nacional fue la violencia para proteger la propiedad de los grupos económicos y financieros, (supermercados, bancos, etc.)
Cayó el gobierno de De la Rúa. Muertos, heridos y represión, antecedieron a su renuncia. La declaración del Estado de sitio, agudizó la situación de inconstitucionalidad y desconocimiento de los derechos.
En Roca el 19 y 20 de diciembre de 2001, la policía y el Grupo BORA dispararon gases lacrimógenos y balas de goma, a una movilización de 1500 personas que se manifestó en rechazo al plan político y económico de los gobiernos nacional y provincial. La represión dejó como saldo varios heridos y más de veinte detenidos. En Cipolletti Elvira Abaca falleció producto de una bala disparada desde un supermercado. Se acompañó a los familiares en el pedido de castigo a los responsables de su asesinato.
El 28 de diciembre de 2001 las y los docentes rionegrinos no percibieron parte del sueldo de noviembre. Se adeudaban parte de los sueldos de octubre, aguinaldo, diciembre e incentivo.
El gobierno de Fernando de la Rúa comenzó a los tiros en el puente de Corrientes y terminó con una imperdonable masacre en la Plaza de Mayo, por la que deberá responder no sólo ante la historia, sino también ante la justicia.
La eterna crisis estalló, primero con los saqueos, después con los masivos cacerolazos. En menos de una semana se quebraron todas las certidumbres del pensamiento político y social Argentino. Se sucedieron las presidencias de Ramón Puertas, Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde.
En febrero de 2002, en un hecho sin precedentes, los docentes definieron negarse a realizar las asambleas de cargos hasta tanto el CPE, el poder Ejecutivo y el Legislativo asuman la responsabilidad de garantizar la educación pública, digna y de calidad.
El 6 de marzo, más de 7 mil personas se movilizaron en Roca, para exigir un presupuesto educativo, en defensa de la educación pública. Las clases no comenzaron, pero los docentes alumnos y padres estuvieron en las escuelas para abrazarlas y protegerlas de la irresponsabilidad del gobierno, que no garantiza la educación del pueblo.
El gobierno pretendió iniciar el ciclo lectivo con los mismos problemas que terminó el 2001. Sin presupuesto, sin refacciones ni mantenimiento, salarios retrasados, aguinaldo e incentivo impagos. La situación se agrava con un caos en los hospitales por la falta de insumos y el IPROSS sin ninguna prestación.
Se exigió el pago de los salarios atrasados, unificado, el cese de las rebajas salariales, el pago del aguinaldo e incentivo docente. Se continuó con la retención de servicios.
Roca, 22/04/02
En abril, el gobierno adeudaba a los trabajadores el aguinaldo 2001, el salario de febrero y marzo.
El plan de lucha incluyó retención de servicios, marchas multitudinarias, caminata por la Ruta 22, corte del puente carretero que une Río Negro y Neuquén, caravana social a Buenos Aires. Luego de 80 días de conflicto y de una terrible represión en Viedma, el 29 de abril, el gobierno firmó un Acta Paritaria en la que se comprometió a cumplir con un cronograma de pago a los docentes, que incluía el pago del salario de marzo, el 15 de mayo. Sin embargo, priorizó el pago al sector policial antes que cumplir con el compromiso de pagar a los docentes. Ordenó liquidar con descuento por los días de retención de servicios.
La Ministra de Educación Ana Mázzaro defendió la reducción en el acto donde se firmó la municipalización del mantenimiento de las escuelas.
El 20 de mayo, en Viedma, más de 100 docentes, acompañados por padres y alumnos, se presentaron en el Departamento de Liquidaciones debido a las irregularidades en el pago de los salarios de marzo. Se retiraron con la renuncia del Viceministro de Educación Oscar Carballo. En Río Colorado los docentes ocuparon la Supervisión. En Choele - Choel los docentes permanecieron en la Delegación del Consejo Provincial de Educación. En Villa Regina los maestros interpelaron al Intendente Daniel Miocevic, esposo de la Subsecretaria de Trabajo Ana Piccinini, luego, junto con los estudiantes, enlutaron el Indio Comahue, en señal de protesta. En Huergo, una docente se encadenó frente al Municipio. En Roca, los trabajadores ingresaron al Municipio y solicitaron a las autoridades locales un pronunciamiento ante la crisis, lo mismo ocurrió en Allen y Bariloche. En Cipolletti, maestros ingresaron a Rentas. En Catriel realizaron una radio abierta, en la Supervisión. Los padres autoconvocados ocuparon el CPE en reclamo del inmediato ciclo lectivo o la renuncia de los funcionarios responsables. En El Bolsón se quedaron en la Secretaría Técnica del CPE. En Jacobacci, los maestros coparon los micrófonos de Radio Nacional e ingresaron a la Delegación Regional de Educación Zona Sur. En la Escuela Técnica de Sierra Grande, se realizó una olla popular con la comunidad educativa. En SAO los docentes fueron a la delegación
Se continuó la retención de servicios debido a la imposibilidad económica para asistir a los lugares de trabajo, como consecuencia del anuncio de descuento de los días de retención de marzo. El 20 de mayo la Subsecretaría de Trabajo declaró la conciliación obligatoria. El gobierno amenazó con sumariar a 9 mil docentes y con declarar ilegal la medida.
Las y los docentes, volvimos a las aulas, trabajamos en la recuperación de contenidos, pero cobramos el sueldo, con atraso superior a los 60 días.
El STJ de Río Negro hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el Fiscal de Estado para evitar la incautación de fondos para el pago de salarios, respecto de las sentencias dictadas por el "corralito" financiero.
Mientras tanto el Sistema de Salud estaba colapsado. Lo que se tradujo en la negación de derechos humanos elementales y la falta de servicios esenciales.
La Legislatura declaró la emergencia del sistema educativo provincial hasta el 31 de diciembre de 2002. Se dispuso la creación de un fondo social con destino exclusivo al financiamiento de la educación y de la salud pública.
Se realizó la campaña nacional por el derecho social a enseñar y aprender.
El país se hunde en lo más profundo de la crisis. Los precios no frenan su escalada.
En los primeros días de junio, un informe oficial destacó que más de la mitad de la población vive en la pobreza, precisamente: 18 millones doscientas mil personas. 66, 6% de los menores de 18 años son pobres. Las personas con problemas laborales llegan al 50%.
El gobierno de Eduardo Duhalde devaluó en enero, lo que produjo la pérdida del 70 por ciento en el valor del peso. La inflación acumulada llega al 21,1 por ciento en el primer cuatrimestre del año. 12 millones de personas viven en la miseria, con menos de un dólar por día, según estableció el INDEC.
El presidente Eduardo Duhalde desenfundó una nueva política de seguridad: represión sin contemplación. El 26 de junio, el mismo día en que Lavagna imploraba al Fondo Monetario un desembolso crediticio para que Duhalde pueda evitar las elecciones anticipadas; las fuerzas de seguridad asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki e hirieron a otros cientos, en una jornada de protesta piquetera frente a la generalización de la miseria.
Durante el 2002 el gobernador Pablo Verani firmó el Decreto 839, por el cual viola el Estatuto del Docente. Pretende asignar, tres puntos a los docentes recibidos en Institutos de Formación Docente de la provincia de Río Negro. La UnTER se pronunció en contra de esta medida que pretende discriminar a los docentes que se reciben en otras provincias o en Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
El gobierno norteamericano descargó sus bombas asesinas sobre Irak, al tiempo que millones de personas se movilizaron en el mundo para repudiando la guerra de Bush.
Los trabajadores de la educación terminamos de cobrar el salario de noviembre de 2002, el 10 de enero de 2003; el gobernador Pablo Verani a través de un Decreto /Ley prorrogó la emergencia económica por un año más. El gobierno propuso un aporte no remunerativo, que fue rechazado por el Congreso de UnTER, porque legitima el acuerdo Nación-Provincia basada en el congelamiento de la antigüedad, en el mantenimiento de las rebajas salariales y el ajuste presupuestario.
En Río Negro el 80% de las trabajadoras y los trabajadores de la educación no alcanza la canasta familiar, entrando en el segmento de pobres y dentro de este sector el 30% tiene salario de indigente. Mientras tanto las regalías petroleras aumentaron más del 120%, la coparticipación se destrabó y aumentó, aumentó la recaudación.
En el 2003 se frenó el atraso salarial y el gobierno comenzó a pagar en pesos su deuda salarial (aguinaldos). Pero por sobre todo el logro de la lucha del 2002 fue la creación del Fondo Social, no porque solucione el problema educativo, sino porque genera recursos reales destinados a educación.
Los ejes de este periodo estuvieron centrados en la exigencia de un mayor presupuesto educativo. La derogación de la Ley Federal de Educación y la recomposición salarial.
Después de la suspensión del ballottage, Néstor Kirchner asumió como Presidente y en Río Negro, Miguel Saiz es electo gobernador, garantizando cuatro años más de gobierno a los radicales.
En el 2004 paramos 72 horas, ante la falta de respuesta salarial presentada por el gobernador Miguel Saiz. La negativa a descongelar la antigüedad docente y el cese gradual y no inmediato de los descuentos de la Ley 2989/96, sumados a la burla de considerar el pago en cuotas del aguinaldo como un incremento de sueldo.
Se avanzó en la recuperación de las quitas salariales: Se logra la quita del Decreto 5/97, la eliminación progresiva de la Ley 2989 a todos los estatales. Una suma de 50 $ en dinero del Fondo Social y el descongelamiento parcial de la antigüedad. Con respecto a la antigüedad, se logra reincorporar un derecho que, otro sector gremial (UPCN), querían hacer desaparecer.
A comienzos del 2004, la nueva administración educativa planteó, llevar adelante una Prueba de Calidad Educativa. La evaluación significaba avanzar en la lógica de la Ley Federal de Educación y la privatización del sistema. Sostuvimos que el primer debate que se debe realizar es sobre la garantía al derecho de la educación. Insistimos en realizar un estado de situación del sistema, en el que debatamos si se cumple o no en Río Negro la garantía al derecho a la educación.
Al ganarse los juicios iniciados en contra de la Ley 2990, el gobierno debe reconocer el pago a quienes iniciaron las acciones legales y también de quienes no realizaron presentaciones judiciales.
A partir de diciembre de 2004, se reparó a varios centenares de compañeros directivos, una vieja injusticia del gobierno: el pago de la dedicación exclusiva mal liquidada. La recuperación significó porcentualmente entre un 30 y 40 % dependiendo del sueldo y del monto de las quitas salariales.
El descongelamiento total de la antigüedad y el cese de pago en ticket son dos ítems pendientes para la recuperación salarial. El aumento del salario básico y la incorporación de todas las sumas en negro al mismo, posibilitará un crecimiento real del salario de entre un 30 y 40%.
Se fundamentó y analizó la necesidad del departamento de salud escolar, declarado inviable por la ex Ministra de Educación Ana Mázzaro. Se logró un acuerdo para avanzar en su implementación, paralizado desde su creación en el 2000.
Los ejes que se priorizaron tienen que ver con la lucha por un salario digno por encima de la línea de la pobreza y un presupuesto educativo.