Una vez más, estamos frente a delitos aberrantes que suceden en nuestra provincia y que dejan al descubierto que las redes mafiosas de la trata se encuentran en las entrañas mismas del poder judicial y político. Lamentablemente no es este un hecho aislado, no es un caso de abuso de poder, ni la perversión de una sola persona que se aprovechó de su cargo público, los hechos denunciados son un capítulo más de una larga historia de delitos, cuyas víctimas son niños, niñas y jóvenes de los sectores populares a quienes el Estado debía proteger.
Hoy, la sociedad se siente impactada, porque la denuncia involucra a un camarista, a trabajadores de los organismos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a comerciantes y porque las niñas estaban bajo la tutela del Estado. Hay funcionarios que tratan de evadir responsabilidades, sin embargo, son los mismos que regatearon fondos y personal para todos los programas de atención a personas en situación de riesgo, pese a los continuos reclamos de compañeras y compañeros que trabajan desde hace años en el acompañamiento de estas familias.
Hace demasiado tiempo que en nuestra provincia es un secreto a voces la existencia de las redes de trata, vale recordar que en 2008, en el marco de la investigación por la desaparición de Otoño Uriarte, se conocieron las escuchas entre dueños de prostíbulos y el comisario de Choele Choel. Hoy, esas pruebas, están en poder de Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, para ser parte de la presentación que realizará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar la impunidad con la que se mueven los proxenetas. Sin embargo, en Río Negro los involucrados apenas si fueron cambiados de destino, ni siquiera sumariados. ¿Cómo se sale de esto, si no es gracias a los buenos oficios del poder político, judicial y económico?
En Roca - Fiske Menuco, en el 2006, se juzgó a Alberto Fasanella y Fernando Reguera por corrupción de menores, reiterada y con multiplicidad de víctimas. Se los condenó a 12 y 19 años, pero el caso quedó a mitad de camino. Los alegatos en esta causa, dejan muy en claro que "sin complicidad policial y sin complicidad política este tipo de situaciones no se puede dar", como expuso el fiscal. A lo que se sumó la Asesora de Menores denunciando que "no hubo actividad útil por parte de los organismos estatales" para proteger y contener a las niñas y adolescentes víctimas del caso, pese a los años que estuvieron "institucionalizadas" bajo la órbita de Promoción Familiar de la provincia.
La investigación develó que las nenas se prostituían por comida o monedas, que la actividad de Fasanella y Reguera, databa por lo menos, desde 1998 y que se conocían los nombres, apodos, oficios de los clientes y que involucraban a gente del poder. También, en ese momento, la sociedad se conmovió, pero a duras penas se logró condenar a los entregadores. Como se dice en la jerga “cayeron los perejiles, porque los peces gordos, bien gracias”
Los hechos denunciados en Viedma, han tomado estado público a nivel nacional e internacional, tal vez porque quien denuncia es parte del poder político y quien es denunciado parte del poder judicial, pero lamentablemente esto no es garantía de nada. No está claro cuando se iniciaron las investigaciones, ni porque tomaron estado público recién ahora, cuando, por dichos del mismo Ministro de Desarrollo Social, Ricardo Arroyo, él conoce esta situación desde hace un año. Tampoco explicita las medidas que tomó para garantizar la protección de las niñas en ese lapso, ni las actuaciones que inició para con los funcionarios de su cartera, involucrados en este delito.
Pese a los discurso grandielocuentes respecto del compromiso gubernamental con nuestros niños, niñas y jóvenes, hasta ahora nada de eso ha existido en Río Negro. Consideramos que de no existir un cambio, todos los funcionarios desde el gobernador hasta el último operador serán cómplices de un sistema que revictimiza a nuestra infancia y la entrega a un sistema que la denigra, la humilla y la mata, donde mercaderes, policías, jueces, políticos, miran, disfrutan y callan.
Desde UnTER hemos denunciado siempre que detrás de estas redes, se esconde la ruta del narcotráfico, se promueve la violencia institucional y la corrupción que prolifera en todos los estamentos del poder. Porque hemos visto como las causas, una por una quedan impunes, exigimos que esta vez se rompa el círculo perverso y se haga justicia poniendo en el banquillo a todos los responsables. Recordamos que tiempo atrás, Alberto Weretlineck presentó con bombos y platillos el mapa del delito en Bariloche, dio nombres y ubicaciones de “malvivientes” que vivían por supuesto, en los sectores populares de la ciudad turística, nos preguntamos si ahora será capaz de hacer lo mismo, aunque le toque marcar los barrios más lujosos de Viedma y alrededores.
También exigimos la plena vigencia de la Ley de Protección Integral de niñas, niños y jóvenes, que obliga la existencia de un Estado presente, que resguarde y promueva derechos, que garantice el desarrollo integral de la persona humana. Ley que también nos obliga a la sociedad en su conjunto a estar alerta, a cuidar a cada niño o niña con el mismo amor que a nuestros hijos e hijas, porque en su presente se acuna, nuestro futuro.
Gral Roca - Fiske Menuco, 22 de marzo de 2015
Luis Genga, Secretario de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
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