La muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, y las circunstancias que la rodean han puesto en marcha las más variadas teorías desde uno y otro sector, al punto que ya parece lejana la oportunidad de conocer la verdad y que, en consecuencia, el pueblo confíe en la actuación de la justicia.
Hace 20 años que el brutal atentado contra la AMIA, transita diferentes vías de investigación, y numerosos escándalos que transitaron tres hipótesis posibles, la conexión Iraní como parte de un atentado el cometido por el movimiento islámico libanés Hezbolá con el apoyo estratégico y económico del gobierno de Irán, teoría que tiene su flanco débil en el mismo autor del atentado Hussein Berro, a quien Interpol reconoció como vivo después del atentado.
La segunda hipótesis, que fuera profundizada en su momento, por el diario Río Negro establece la conexión siria, como un ajuste de cuentas contra el entonces presidente Carlos Menen, la venta y el contrabando de armas. Y la tercera involucra a la Policía Bonaerense como cómplice necesaria.
A través de dos décadas, la causa AMIA ha sido parte de los debates entre las comunidades judías, los gobiernos de turno y la política internacional, sin embargo, para la ciudadanía era una más de las fechas negras de la historia hasta que la muerte del Fiscal reavivó las polémicas y la toma de partido por uno u otro sector.
Desde hace diez años la causa era investigada por un equipo conformado por ochenta profesionales, coordinados por Alberto Nisman, quien a su momento se vinculó y desvinculó del gobierno nacional y de la CIA, pero siempre tuvo como soporte de investigación a la SIDE, Servicio de Inteligencia del Estado, organismo creado en democracia, y denunciado sistemáticamente por todos los organismos de Derechos Humanos y sindicales que exigimos su disolución.
Vale recordar que el servicio de Inteligencia, con distintos nombres, en todos los gobiernos democráticos, siguió sosteniendo en sus filas a mano de obra desocupada, remanente de la dictadura. Su principal tarea ha sido investigar, perseguir y desvirtuar el accionar de militantes populares, sociales y políticos desde el Asalto a La Tablada en 1989, pasando por la represión del 2002 que terminó con el asesinato de Kosteki-Santillán hasta la ignominia del Proyecto X en el 2012. Y sus servicios fueron usufructuados por el poder político incluso para cuestiones personales como lo hizo Macri en su momento, asesorados por Jorge “Fino” Palacios, comisario de la bonaerense, denunciado como espía en la causa de la AMIA, claro está que la mayor responsabilidad la comparten todos los gobiernos nacional de turno que no pudieron o no quisieron cambiar el rumbo de los servicios de inteligencia para mejorar la calidad de la democracia argentina.
Desde UnTER tenemos la convicción que no puede existir ningún caso impune, que urge la democratización de la justicia, igual que su independencia de los gobiernos y las corporaciones. Es imprescindible desmantelar por completo todo aparato de Inteligencia y que se publiquen todos los archivos secretos en poder del Estado. Como así también exigimos, el cese de la criminalización de la protesta social en todo el país.
Entendemos que atravesamos un momento delicado en la vida institucional, por lo que instamos a realizar una reflexión crítica de cada acontecimiento y de cada declaración, entendiendo que solo a partir del análisis exhaustivo de los acontecimientos, las declaraciones y la intencionalidad de cada uno, será posible encontrar la síntesis necesaria. En tiempos complejos, como trabajadores y trabajadoras de la educación vale la pena llevar a la práctica esta reflexión de Bertold Bretch “No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar.”
Gral. Roca - Fiske Menuco, 3 de febrero de 2015.
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Mario Floriani, Secretario General