El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas, acompañadas por parte de la sociedad, dieron un golpe cívico-militar. Alentadas, apoyadas y aplaudidas por la Sociedad Rural, los grandes Medios de Comunicación, la cúpula de la Iglesia católica, la Unión Industrial Argentina, las empresas transnacionales, la banca nacional, el FMI, el banco Mundial, etc. Los militares tomaron el poder del gobierno para poner en marcha lo que Rodolfo Walsh define con claridad en su Carta Abierta a la Junta Militar en Marzo de 1977: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
En ese sentido el juzgamiento a civiles, en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, luego de haberse juzgado y condenado a cientos de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, es sin duda uno de los logros del año 2012 y de este 2013.
El procesamiento al grupo Ledesma de Blaquier y Lemos, al diario “La Nueva provincia” de Massot, a la Ford y el caso Papel Prensa demuestran la complicidad de los miembros de los grandes grupos económicos con el genocidio de la dictadura.
El año pasado se terminaron juicios grandes, como el de Bahía Blanca y el del circuito Camps en La Plata y comenzaron otros como el de la ESMA, La Perla y el juicio de Tucumán, estos tres últimos reúnen delitos contra 1500 víctimas y 150 acusados. Lograr estos juicios es uno de los propósitos de los organismos de Derechos Humanos; en ese sentido en el año 2012 se dio un salto de calidad.
En 2011 hubo 193 personas juzgadas, en el 2012 fueron 383.
Al inicio del proceso predominó el juzgamiento por goteo, ahora los mega juicios son más virtuosos, permiten una mejor reconstrucción histórica, dimensionar el fenómeno que estamos juzgando, pues no son hechos aislados y conforman una maquinaria de terror.
Otro gran hito en esta etapa fue la condena a Jorge Videla y ocho represores por el plan sistemático de apropiación de niñas/os, y la visibilización de los crímenes de violencia sexual como delitos de lesa humanidad.
En la zona destacamos la concreción del segundo juicio de “La Escuelita” de Neuquén, a pesar de que el tribunal no consideró punible la participación de miembros de la policía de Río Negro y Neuquén, cediendo a la operación político-mediática montada por la defensa de los policías represores con la participación del diario Río Negro, cuyo director es autor de las leyes de impunidad que impidieron por muchos años la realización de estos juicios.
Esperamos que sea respondida favorablemente la apelación de las sentencias, presentada por querellantes y fiscal. También esperamos la concreción durante el presente año del tercer juicio de "La Escuelita" de Neuquén, en donde se juzgará la actuación de otro grupo importante de represores de distintas fuerzas de seguridad.
Desde la Corte Suprema se dice que estos juicios ya son parte del contrato social de los argentinos, porque el repudio colectivo a esa barbarie es la piedra fundamental de un sistema en el que el respeto a la vida, a la integridad física y a la libertad sean la medida para la protección de los demás derechos y valores.
Queda pendiente vencer las resistencias del Poder Judicial para llevar adelante estos juicios, la visión corporativa frena el avance de estos procesos.
Repudiamos las declaraciones del genocida Videla a una revista española que le prestó sus páginas para convocar a un nuevo golpe de Estado, con baño de sangre incluido como les ha gustado siempre protagonizar a estos asesinos. Ejemplo de terrorismo mediático que debiera revisarse hasta dónde constituye también un delito grave como la apología de los crímenes de lesa humanidad, donde Videla y Cambio 16 son partícipes, publicado en España donde los familiares de los miles de desaparecidos de la dictadura franquista, siguen sin encontrar respuesta alguna, salvo la sanción del juez que trató de investigarlo.
Saludamos la participación de muchos jóvenes estudiantes en los juicios desarrollados en la región, la experiencia vivida estimulará, sin duda, su defensa de los Derechos Humanos y su participación política.
Desde el Consejo Directivo Central invitamos a compartir las distintas actividades generadas en todas las instituciones y en los actos a realizarse en cada localidad.
Gral. Roca – Fiske Menuco, 19 de marzo de 2013
Alberto Cacho Cacopardo, Secretario de Finanzas
María Cristina Bay, Sec. de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
Luis Giannini, Secretario de Prensa, Comunicación y Cultura
Jorge Molina, Secretario General
Enérgico repudio de la CTERA a los dichos golpistas de Videla
La CTERA manifiesta su enérgico repudio a las expresiones del genocida Jorge Rafael Videla, quien llamó a otro golpe de Estado, instando a las “fuerzas militares y de seguridad” a “armarse” en defensa de las “instituciones”. Las declaraciones del genocida, que fuera encontrado responsable de desapariciones y asesinatos por la justicia argentina, fueron publicadas en la revista española Cambio 16.
La justicia clasista falló en Neuquén según los dictados de Rajneri
Muy temprano a la mañana del 6 de noviembre, se empezó a juntar la gente que siguió este juicio de 8 meses con mucha atención. La mayoría conocemos a los declarantes, a esos testigos que con enorme valentía dejaron de ser víctimas para decir su verdad luego de 36 años de dolor e impunidad. No pudimos escuchar la declaración de todas y todos, pues algunos fallecieron antes, pero existían sus testimonios en la instrucción de la causa. También conocemos a algunos de los procesados, pues caminaron libres por nuestras calles durante todos los largos años de impunidad que padecimos como sociedad, en el mismo espacio que sus víctimas.
RECORDAR: Del latín re-cordis, volver a pasar por el corazón
Mónica Almirón, maestra de la Escuela nº 45 del paraje Cuatro Esquinas, fue secuestrada momentos después que su marido, Enzo Lauroni, el 8 de agosto de 1977, a los 26 años en Cipolletti. Fueron trasladados a la ESMA, luego al Chaco, su provincia de origen.Permanecen desaparecidos desde entonces.
Fallo histórico, necesario y emocionante
El Tribunal Oral Federal ad hoc de Bahía Blanca sentenció a cadena perpetua para cumplir en penales de la Nación a 11 jerarcas militares y a 3 comisarios de la policía federal a quienes acusó de los secuestros, torturas, homicidio “bajo la modalidad de desaparición forzada”, todos con el agravante de haber sido cometidos contra jóvenes que fueron perseguidos políticos, con hechos aberrantes que se extendieron durante más de un mes, cometidos con las víctimas en total indefensión y bajo un mecanismo que “buscó la impunidad” .