UnTER expresa su preocupación frente a las situaciones de violencia institucional que se suceden en la provincia y el país. Un joven de 17 años sufrió un golpiza por parte de la policía en la Comarca Andina el pasado domingo, lo que se suma a numerosas denuncias de apremios en distintos barrios populares de Río Negro. Denunciamos el uso de la violencia en todas sus expresiones. Exigimos que el Estado asuma la responsabilidad de frenar estas acciones inmediatamente.
El pasado domingo un estudiante de la ESRN 10 fue ferozmente golpeado por la policía, luego de ser detenido en el Retén Paralelo 42, cuando se dirigía de Las Golondrinas a El Bolsón, para encontrarse con su madre. A partir de un incidente menor, fue detenido y de la comisaría salió para el hospital. Está claro que no es un hecho aislado, ni un accionar individual, la reiteración pone en evidencia la matriz que rige a la institución policial.
El contexto de pandemia, ha encontrado a las personas con su propia realidad, también a las instituciones. Supuestos suicidios en comisarías, como el de Florencia Morales en San Luis, ingresos con postas de goma para “controlar” reuniones, represiones a comunidades originarias, detenciones arbitrarias. Los “excesos” de las fuerzas de seguridad son parte de las noticias diarias. Hace más de cien días que seguimos exigiendo la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, detenido por la policía bonaerense. ¿Hasta cuándo?, ¿Hacen falta más muertes para que el Estado ponga el límite?
Es evidente que el discurso punitivista ha ganado terreno en la sociedad, legitimado por el último gobierno a través de la voz de la ex ministra Patricia Bullrich. También el discurso de Berni, justificando la venganza por mano propia, y la difusión de estos hechos, por los medios hegemónicos, sin una mirada reflexiva, por el contrario.
Incluso los dichos del Fiscal Santiago Terán, en un episodio televisivo, que impactó por su violencia patriarcal y misógina, contra una periodista de C5N, cuando lo entrevistaron por su propuesta a las mujeres víctimas de violencia de género a armarse como autodefensa. Si bien, las repercusiones fueron de acompañamiento a Lucila Trujillo, la compañera agredida, en paralelo se observa una corriente de apoyo al fiscal, una vez que se anunció el inicio de Juri, por sus dichos.
Resulta preocupante, que a pesar de estos hechos, la sociedad en su conjunto, no logre romper con las marcas de discurso punitivista. Prueba de ello es el reclamo por más fuerzas de seguridad en las calles como única forma de realizar los controles sanitarios. Integrantes de la Escuela Militar de Montaña “cuidando” a enfermxs leves de Covid 19 en Bariloche, gendarmería en Roca- Fiske Menuco, el COER patrullando barrios populares, son la respuesta del gobierno, frente al incremento de los contagios, como si la única causa fuera la irresponsabilidad ciudadana y no, la falta de un accionar coordinado entre provincia y municipios, o la falta de escucha a las organizaciones sociales y políticas de otras alternativas.
En Río Negro seguimos exigiendo el esclarecimiento de más de 100 crímenes impunes; aún no hay respuesta de quienes secuestraron y asesinaron a Lucas Muñoz, joven policía en Bariloche, está probado el accionar de gendarmería y el grupo Albatros en la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel. Los siete policías juzgados y condenados a perpetua por la desaparición forzada y el asesinato de Daniel Solano, siguen libres. Lo mismo que Villegas, condenado por matar por la espalda a Pablo Vera. Estos últimos casos por una demora injustificable de la Justicia. Aunque el Estado intente demostrar que las fuerzas de seguridad han cambiado, la realidad refleja todo lo contrario.
Por eso, rechazamos más fuerzas de seguridad en las calles, exigimos la investigación de cada situación de apremios ilegales y malos tratos, con su correspondiente sanción. Que no es precisamente resolverlo con un traslado de castigo, sino un trabajo intensivo hacia dentro de las instituciones donde el respeto a los derechos humanos y la integridad de las personas sea la premisa fundamental. Como así también la democratización de la justicia, para quebrar las redes de impunidad que persisten, dañan y asesinan en Río Negro.
Villa Regina, 9 de agosto de 2020.
María Inés Hernández, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades.
Viviana Orellano, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura.
Patricia Ponce, Secretaria Gremial y de Organización.
Silvana Inostroza, Secretaria Adjunta.
Sandra Schieroni, Secretaria General.