UnTER se declara en sesión permanente, a la espera de propuesta salarial

El CCXXXVI Congreso de UnTER sesiona en nombre de Daniel Solano, trabajador golondrina, perteneciente a la comunidad guaraní Misión Cherenta de Salta, desaparecido el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel. El juicio por este crimen, demoró más de seis años, su padre Gualberto junto a los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio mantuvieron el reclamo de justicia y realizaron una investigación casi en soledad, en la que se puso al descubierto la oscura trama de impunidad que permite la explotación laboral de los obreros por parte de empresas multinacionales, protegidas por la policía provincial, avalada por funcionarios de la justicia y del gobierno y naturalizada por la mayoría de la sociedad.

 

En esta larga lucha por saber la verdad se llevó también la vida de Gualberto, que no pudo resistir cruzarse con los asesinos de su hijo en los tribunales, presenciar los aprietes y la persecución a testigos. El 1 de agosto será la lectura de la sentencia, ese día, estará el pueblo en tribunales, porque será la oportunidad de saber que la lucha de Gualberto no fue en vano, que al fin, en Río Negro será un día claro de justicia.

 

Su Juicio expuso crudamente cómo el poder económico se impone a partir de la represión, metodología que día a día se implementa  en el país, incrementándose a partir de la entrega de nuestro país al Fondo Monetario Internacional, definida por Mauricio Macri y su gabinete de CEOS. En dos años la deuda externa se incrementó en un 30%, mientras la inflación, los tarifazos y el ajuste impacta en la clase trabajadora, se continúa beneficiando a las multinacionales y los amigos del poder como Joe Lewis, a quien el gobernador Alberto Weretilneck le regaló 20 años de exenciones de impuestos para la empresa Patagonia Energía -que administra la central hidroeléctrica construida en el río Escondido. 

 

La desocupación avanza, funcionarios y patronal la utilizan como medio de presión y disciplinamiento, así es posible entender los 357 despidos en Telam, porque también necesitan el silencio de las voces disidentes. Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios Públicos, funciona como la herramienta ideal para terminar el trabajo sucio, que se inició en diciembre del 2015 con los decretos presidenciales destinados a anular la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y el desguace del AFSCA, la Televisión Pública, Radio Nacional y por último la agencia de noticias argentina Télam.

 

El desguace sumó a los medios cooperativos comunitarios, y a los privados que garantizan la pluralidad de voces, por ello acompañamos la lucha de trabajadorxs de Radio Del Plata, Rivadavia, C5N y a través de ellos al conjunto de periodistas que luchan por sostener sus fuentes de trabajo y la libertad del pueblo a informarse. Exigimos la inmediata reincorporación de los compañeros trabajadores de Telam, Marcelo Ochoa, Luis Díaz, Javier Merlo en Viedma, Daniel Lorenzo en Bariloche y de todxs lxs despedidxs, en defensa de los derechos de la clase trabajadora.  

 

Por otro lado, algunos análisis políticos emparentan estos últimos años con la nefasta década de los 90. A la luz de los hechos, es mucho peor; la derecha más rancia y violenta resurgió con el aval del voto popular, gracias a la desmemoria de un pueblo que no fue capaz de reconocer en los rostros del nuevo gabinete que anunciaba el PRO y sus aliados a los responsables de la privatización, la corrupción y la entrega del Menemato, de la crisis del 2001, del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el Puente Avellaneda cuando reclamaban la dignidad de un trabajo. Ni siquiera pudieron recordar que Patricia Bullrich fue la responsable de la quita del 13% en las jubilaciones cuando fue Ministra de Trabajo del gobierno de De La Rúa, en el 2001 y que en ese momento justificaba su medida como dolorosa, pero necesaria para salir de la crisis. El mismo argumento que utilizan hoy para sostener el ajuste.

 

Este gobierno neoliberal construye su relato desde la banalidad, sin ningún tipo de explicaciones para nadie de su inoperancia para resolver problemáticas cotidianas, ni siquiera para las 44 familias de la tripulación del ARA San Juan, encadenadas en Plaza de Mayo para saber qué pasó, quienes son los responsables de su desaparición el pasado 15 de noviembre. Nadie en el gobierno da respuesta, mientras tanto Bullrich se dedica a construir el enemigo interno, lo ubica en los sindicatos, las organizaciones y dentro de las comunidades originarias como forma de justificar la represión que desapareció a Santiago Maldonado el 1 de agosto del 2017, asesinó por la espalda a Rafael Nahuel y mantiene prisionero al Lonko Facundo Jones Huala, contra toda norma jurídica nacional e internacional.

 

La diferencia con los 90 es que la escalada represiva se impone sin dar respiro, se incrementan presos y presas políticas desde Milagro Sala hasta Fernando Esteche, pasando las causas armadas contra militantes y jóvenes sin identificación política partidaria que se atrevieron, a salir a la calle a decir No a la reforma laboral, previsional y fiscal, en diciembre del año pasado. Como antes, se intenta quebrar al movimiento obrero, ahondando las diferencias. Para el Ministro Triaca todos tienen su precio, pero se equivoca, por eso el movimiento crece, la clase obrera argentina, si tiene memoria gracias a dirigentes como Marcelo “Nono” Frondizi, Secretario General de Junta Interna ATE Talleres Protegidos del Hospital Borda y Secretario Adjunto de la CTA de los Trabajadores, militante histórico del campo popular argentino, que luchó desde el exilio y regresó para seguir hasta el último día de su vida junto a sus compañeros y compañeras, luchando por un modelo sindical pluralista capaz de reconocer la fortaleza en la unidad en la acción de las bases más allá de las diferencias metodológicas o prácticas, porque el enemigo siempre está en la vereda de los explotadores. 

 

Hoy, ni siquiera se salvan artistas callejeros, no hay lugar para las nuevas construcciones de sentido que propone el Arte dentro de tanta desesperanza. 

 

El lenguaje del poder se construye a golpes y balazos, así lo vivieron el 25 de junio, compañeras y compañeros docentes de SUTECO - Corrientes - cuando intentaban instalar una Carpa Blanca frente a la Casa de Gobierno para reclamar por aumentos salariales y mejoras laborales. La represión, ordenada por el gobernador Gustavo Valdés, se dio en marco la jornada de Paro Nacional, con la infantería que atacó a quienes ejercían su legítimo derecho a la protesta. También en el sur, durante los más de 100 días de paro y acampe de ATECH, donde no solo la policía atacó con balas de goma, sino también grupos afines al gobierno de Mariano Arcioni amenazaron a la familia del Secretario General Santiago Goodman, en particular a sus hijas, en una clara expresión de violencia de género, entre otras canalladas que no pudieron doblegar la férrea resistencia de lxs trabajadorxs, que finalmente lograron un acuerdo paritario con respuestas efectivas a sus justos reclamos.

 

A la represión interna, se le suma la vía libre a las tropas extranjeras para ocupar el territorio nacional, como ya está previsto para Neuquén, con la instalación de una base militar yanky con fines “humanitarios” en terrenos cercanos a la capital neuquina, en la llamada “ruta del petróleo” a Vaca Muerta, donde se instalaron 200 gendarmes para su custodia. Este acuerdo, fue firmado por el ex gobernador Jorge Sapag del MPN en el 2012, que nunca pudieron hacer efectivo hasta ahora, implica una repudiable renuncia a los derechos y soberanía de nuestros territorios. 

 

En la misma línea de entrega se inscribe el STJ de Río Negro que declaró inconstitucional la ordenanza sancionada por el Municipio de Fernández Oro en 2017 que prohibía la aplicación de la técnica de la fractura hidráulica en la zona, además de aplicarle una sanción monetaria como una forma de desalentar expresiones populares en el resto de la provincia, cada vez que se intente defender el derecho a la vida, el ambiente sano y de un modelo económico diferente al extractivismo y el saqueo de la naturaleza. 

 

El ajuste se extiende a las Universidades, ya lo anunciaba Macri cuando preguntaba ¿para qué tantas universidades? y remató María Eugenia Vidal :“si los pobres no llegan nunca”, esa matriz de pensamiento nos gobierna, con este criterio tiene vía libre para incautar 60 millones del presupuesto de la UNCo. No les interesa poner en riesgo la continuidad de actividades en el segundo semestre, ni que cientos de jóvenes pierdan su derecho a la educación, ni el recorte de fuentes laborales y mucho menos, que las investigaciones generadas desde la universidad pública se rifen al mejor postor, entre ellas las petroleras y otras empresas multinacionales, o tal vez ese sea su verdadero negocio, porque finalmente nos gobiernan los empresarios.

 

En Río Negro, el ajuste nacional también se hace sentir en el día a día escolar, donde están ausentes las respuestas a las necesidades de trabajadorxs y estudiantes por el escaso y nulo mantenimientos de escuelas, por ejemplo, en Allen, la Coordinadora Zonal Loreley Cabanay desconoce la declaración de emergencia edilicia firmada por el Concejo Deliberante, permite la habilitación de un Jardín de Infantes en el quincho de un club. En Villa Regina, el Coordinador Carlos Correa no aporta soluciones a los justos reclamos de las comunidades del Jardín Integrado 28 de Barrio Nuevo, ESRN 11 y la Especial N°5.

 

En las ESRN se avanza achicando los cargos, sin designación de suplentes, sin garantías de estabilidad laboral. Se avasallan derechos de trabajadorxs, poniendo de manifiesto una flexibilización laboral encubierta.

 

No se respetan derechos laborales en ningún ámbito estatal, hasta el IPROSS deja hacinados a sus trabajadorxs en edificios sin condiciones mínimas de habitabilidad. Lo más significativo sucede en la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, creada con bombos y platillos en septiembre del 2017 y cuyxs trabajadorxs ya están en alerta y movilización por la falta de personal, insumos y proyectos. Esta secretaría con rango ministerial, está a cargo de Roxana Méndez, coherente con su historial como funcionaria, hasta el momento, no hizo otra cosa más que hablar, firmar un convenio con el Ministerio de Seguridad opuesto a la Ley integral de protección de la niñez y adolescencia y recortar programas, por ello no hay atención a las infancias, no hay cuidado, al punto que ni siquiera tienen transporte para llevar a chicxs alojados en los CAINA al médico, a la fecha hay quinientos niñas, niños y jóvenes con problemáticas urgentes sin ninguna resolución.

 

También se vive la persecución y el disciplinamiento a trabajadorxs, desde los municipios afines a la ideología imperante, como en Sierra Grande, donde el Intendente Nelson Iribarren y sus concejales que derogaron la entrega de terrenos para viviendas docentes, como represalia por las denuncias realizadas desde UnTER por el uso irregular de los fondos destinados a comedores y mantenimiento escolar, como así también por el rechazo manifiesto a la instalación de la planta nuclear y, finalmente, por la denuncia al secretario legislativo Daniel Paye, quien además se desempeña como Director de la CEM 85, situación incompatible y restringida por la normativa vigente.  

 

El derecho a la casa propia, también se les niega a compañerxs de Cipolletti, ya que preadjudicatarixs del plan 58 viviendas, aún no se les ha entregado la documentación correspondiente, a pesar del compromiso asumido por el IPPV, a lo que se le suma que todos los plazos ya están vencidos.

 

También en esta ciudad, el Nivel Inicial sigue siendo foco de persecución, en particular por el accionar del Vocal Gubernamental Omar Ribodino, uno de los responsables de la destitución de las Supervisoras Paula Frese y Stella Errotabere, quienes ahora, además están declaradas en rebeldía por absoluta responsabilidad de las sumariantes, lo que suma una afrenta más para las compañeras. 

Denunciamos el injusto castigo a las compañeras del Jardín 85, a quienes se les inició sumario hace cuatro años, luego de hacer público que el profesor de música, Carlos Meza, era un abusador. El Ministerio, en ese momento, puso en práctica un “modus operandi”, que se hizo habitual en el tiempo: se tomaron definiciones con la sola firma de un representante gubernamental en este caso el Vocal Fernando López, se puso en disponibilidad a todo el personal de una institución educativa. En el marco del sumario, la representación gremial en Junta de disciplina las declara exentas de responsabilidad, pero la Vocal gubernamental se niega, los sumariantes no le otorgaron el derecho a sumar nuevas pruebas, y Ribodino dictaminó la culpabilidad, sin dar intervención al cuerpo colegiado.

 

Tampoco existe el respeto, con las personas en situación de vulnerabilidad por atravesar una enfermedad, así la Junta Médica de Cipolletti, para justificar el recorte de derechos a licencias por salud, maltratan a lxs docentes, emitiendo opiniones y juicios de valor, reñidos con la ética profesional de sus integrantes, pero funcional para el gobierno.

 

También se amenaza a equipos directivos que acompañan a sus estudiantes cuando reclaman al gobierno que cumpla su promesa de terminar la construcción de un nuevo edificio escolar, que garantizaría las necesidades básicas para su formación técnica profesional, que incluye desde el aprendizaje de saberes hasta el cuidado y la protección de los animales que forman parte de la currícula. Lejos de cumplir con lo prometido, el gobierno amenaza al equipo directivo y docentes del CET 14 de Allen, con iniciar un sumario por una situación ocurrida durante una jornada de reclamos definida por asamblea de estudiantes, madres y padres, hecho que hicieron público, sin investigar previamente, justificando, la criminalización de la protesta.

 

Frente a lo injusto, la escuela sigue en pie, por eso también recuperamos una consigna de los 90 “La escuela enseña, resiste, sueña”, porque como trabajadorxs afrontamos el desafío de construir espacios para lograr una sociedad diferente, como supo hacerlo Juan Domingo Matamala, historiador multifacético nacido en El Bolsón, director del secundario de Maquinchao, que dedicó su vida a buscar en el pasado de la comarca andina la identidad de su pueblo.

 

Una escuela donde el estudiantado es protagonista, porque pudimos pensar en conjunto,  la necesidad de ampliar derechos,y exigirlos como lo hicieron estudiantes de la Escuela 354 de Choele Choel, cuando decidieron marchar en la fiesta del pueblo bajo la consigna “Que el río le gane al petróleo”, para enseñarles a lxs presentes, funcionarios y gobernador incluido, que las nuevas generaciones no están dispuestos a entregar su futuro-

 

También lxs estudiantes de la ESRN 6 de Jacobacci, que realizaron una permanencia pacífica en su escuela en el marco de la vigilia en apoyo al proyecto de ley por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y exigir la implementación de la Educación Sexual Integral dentro del sistema educativo.

 

Parecía increíble que los ecos de tantas luchas de las organizaciones feministas llegara hasta lo profundo de nuestra Línea Sur, sin embargo, lo extraño hubiese sido que no llegara, porque esta campaña por la legalización y el derecho de las mujeres de elegir sobre su cuerpo fue una construcción colectiva, a la que nos unimos como sindicato desde sus inicios. Por más de una década las mujeres, sostuvieron una lucha, organizándose desde las bases, enseñaron desde la acción lo que tantos pregonan en la teoría. Estas luchas revolucionan a las nuevas generaciones y están presentes en las escuelas, cuando lxs trabajadorxs de la educación concretan el precepto de poner en debate la realidad para transformarla.

 

Con ese mismo espíritu se gestó nuestra UnTER hace 44 años, para luchar contra lo injusto, defender los derechos del pueblo y forjar una sociedad más equitativa. Crecimos al calor de discusiones, para pensar en conjunto aún desde las visiones más diversas, con militantes que siempre fueron parte de las bases, tanto como con quienes asumieron la responsabilidad de aceptar cargos como Oscar Villaverde que luego de muchos años de trabajo accede a la jubilación luego de desempeñarse como vocal gremial en la Junta de Disciplina. Agradecemos y saludamos al compañero en esta nueva etapa de su vida y le damos la bienvenida a la compañera Ana Stoessel que seguirá la tarea para defender los derechos del conjunto.

 

Así continuamos caminando en las aulas y en las calles, apostando a lo colectivo, con la convicción que no existen las salvaciones individuales, presentes en cada manifestación popular, a paso firme, sin perder la alegría, sin bajar las banderas, somos parte de la clase trabajadora movilizada, que reacciona y se moviliza frente a la entrega del país. Fieles a nuestra historia, hoy más que nunca salimos a luchar por la segunda independencia, para que el próximo 9 de julio amanezca una patria libre y soberana, como la que proyectaron y salieron a combatir para lograrla hombres y mujeres de los Pueblos Libres del Sud.

 

Choele Choel, 11 de julio de 2018.