El 25 de enero de 2018, se inició el en campo “La Manuela” en Choele Choel, el operativo para bajar a Jagüel, en el marco de la búsqueda de Daniel Solano, obrero rural, desparecido el 5 de noviembre de 2011. Integrantes de UnTER, acompañaron a su padre Gualberto junto con el grupo de familiares y amigos y organizaciones sociales para exigir verdad y justicia.
La búsqueda de Daniel lleva más de seis años, en los que se cruzan intereses económicos y políticos, apañados por la justicia y un pacto de silencio en el sector policial, que obstaculiza cada instancia de la causa. Así se demoró dos años en lograr que el Juez ordenada la bajada al Jagüel, donde, se presume, intentaron ocultar el cuerpo. Al momento de iniciar la tarea, Gualberto observó que se había modificado el escenario, situación que inmediatamente denunciaron sus abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio.
Daniel Francisco Solano tenía 26 años, era de Tartagal, de la comunidad guaraní Misión Cherent, había llegado al Valle como trabajador golondrina, contratado por la empresa “Agrocosecha”, hoy llamada “Trabajo Argentino”, tercerizada de la multinacional belga Expofrut Argentina S.A. ex Univeg Expofrut S. que domina el negocio de la fruticultura en el valle rionegrino, cuyo vice presidente en aquellos años, Fernando Oris de Roa hoy es embajador argentino en Estados Unidos.
En nuestra región, se ha naturalizado la situación de precariedad en la que viven los trabajadores temporarios que llegan en tiempo de cosecha, el sindicato que debería defender sus derechos hace la vista gorda frente al hacinamiento, los pagos irregulares y la situación de cuasi esclavitud que muchos padecen. Según los datos más firmes que obtuvo la querella, Daniel estaba dispuesto a reclamar por una quita salarial en su salario y el de sus compañeros, además se había negado a ser “puntero” para la empresa, que implicaba reclutar jóvenes de su lugar para traerlos a trabajar, en míseras condiciones.
La noche en que salió a bailar a “Macuba”, efectivos policiales lo sacaron a los golpes, en una situación por demás confusa. Desde esa noche no se lo vio nunca más. Cuando se realizó la denuncia por su desaparición, la Jueza Bosco, tomó decisiones erróneas, no tomó en cuenta los testimonios de los apremios policiales y desvió la investigación a averiguación de paradero, suponiendo que el joven se había marchado por propia voluntad a Neuquén, dejando todas sus pertenencias, incluso los documentos en la gamela donde vivía.
No se puede negar que esta causa, puso al descubierto no solo el entramado de intereses económicos, políticos y judiciales, también la naturalización de la injusticia, de la desigualdad entre los poderosos y los obreros rurales. Así es posible entender la división que se produjo en los pueblos de Valle Medio a favor y en contra del reclamo que llevó a Gualberto Solano, a instalarse en una carpa frente al Juzgado de Choele Choel para conseguir una respuesta, a lo que se sumó días de ayuno incluso a encadenarse, para evitar que el asesinato de su hijo quede impune y lograr llevarse el cuerpo a su tierra, para que pueda descansar junto a los suyos.
Entendemos que, como trabajadorxs de la educación, que no podemos permanecer indiferentes, esta lucha por saber la verdad respecto de la desaparición de Daniel Solano, es parte de la lucha para cambiar un sistema que excluye y discrimina, que establece reglas económicas desiguales que permite tomar a hombres y mujeres como objetos descartables. Como tampoco podemos dejar de vincular este crimen con la impunidad que reina en nuestra provincia, en la que aún no se conoce quienes son los responsables de más de cien asesinatos como los de Otoño Uriarte, Atahualpa Martínez Vinaya o Lucas Muñoz, pero de una u otra manera, las indagatorias involucran a integrantes de la policía, la justicia y/o el poder político-económico.
Fieles a nuestro principio fundamente, entendemos que la defensa de los derechos humanos es nuestra premisa, por ello esta búsqueda de justicia es nuestra también, continuaremos junto a Gualberto hasta que la verdad salga a la luz, hasta que los responsables ideológicos y materiales lleguen a juicio. Y cuando este objetivos se logre, continuaremos exigiendo por los derechos de lxs obreroxs rurales, contra la desigualdad, contra la naturalización de lo injusto, porque así también lograremos la transformación social.
Gral. Roca - Fiske Menuco, 25 de enero de 2018.
Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General
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El jagüel es un pozo de decenas de metros de profundidad, ubicado en el campo “La Manuela” en el kilómetro 977 de la Ruta Nacional 22, a 28 kilómetros de Choele Choel, donde se presume fueron arrojados los restos de Daniel Solano. Dos años tardó la justicia en autorizar el procedimiento. La familia de Daniel, junto con sus abogados, solicitan al Poder Ejecutivo que garantice los medios económicos para la “bajada al jagüel” autorizada por la justicia el 18 de octubre. Para exigir verdad y justicia, el 5 de noviembre, la Comisión de Familiares y Amigos de Daniel Solano y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Luis Beltrán, realizaron una marcha y festival artístico en la Isla 92 de Choele Choel, denominada “Seis años sin Daniel”.