Nuevo ataque del extractivismo contra la educación

Se firmó hace pocas semanas el Acuerdo Federal Minero, un pernicioso pacto para el país y las provincias, que solo 14 lo han firmado, entre las cuales se incluye Río Negro. Algunas de las jurisdicciones más importantes en términos de minería se han declarado contrarias al acuerdo, entre ellas Chubut, La Rioja y San Luis.

 

El nuevo acuerdo consolida las ventajas y privilegios que ya goza la actividad gracias al Código Minero y demás leyes promulgadas desde los años 90 y avanza en nuevos beneficios. Habilita, entre otras cosas, a desarrollar la minería –“con el debido cuidado ambiental”- en áreas en las que se encuentra prohibida, como  por ejemplo áreas glaciares.

 

Tal vez, una de las cosas más llamativas del nuevo acuerdo es la inclusión de un apartado titulado “Aspectos educativos y formativos”, que compromete a los Ministerios de Educación a incorporar en las currículas de los niveles primario, secundario y terciario contenidos relacionados con la minería. Pero el arreglo va mucho más allá, hasta se permite señalar un listado de contenidos que se deben incorporar.

 

Esto va en línea absolutamente coherente con declaraciones recientes del presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) cuando en una entrevista periodística señalaba preocupado que: “Los manuales de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minería como una actividad contaminante cuando el país promueve el desarrollo de la minería. Nosotros tenemos un programa de minería sustentable, que las escuelas creen esa conciencia en los jóvenes no va de la mano. Hay que romper esos esquemas y poder explicarles a los colegios y a los chicos lo que significa la minería”.

 

No es secreto para nadie que la minería es resistida por amplios sectores de la sociedad: de norte a sur en el país, y en toda América Latina, se suceden y reproducen un sin número de conflictos socioambientales relacionados con esta forma de explotación. Comunidades enteras se levantan contra el avance de una forma de extractivismo que arrasa, extingue recursos, destruye, contamina, ocupa territorios y desplaza comunidades. Tenemos experiencias como la de Esquel, la de Famatina, Iglesia y Jáchal, Loncopué. La resistencia a Calcatreu en Jacobacci, la lucha por la Ley Anti-Cianuro en Río Negro, entre otras. 

 

Tampoco escapan a nadie las estrategias de lobby, marketing, corrupción y cooptación que las corporaciones mineras desarrollan en nuestro país y en toda la región para intentar obtener la tan ansiada “licencia social” para sus operaciones. El sistema educativo no ha sido ajeno a estas presiones: desde las charlas explicativas por parte de las empresas, hasta la donación de materiales, ejemplos escandalosos como la entrega de medallas en escuelas de Tucumán con el logo de Minera La Alumbrera, y la censura a los Manuales de Educación Ambiental editados en 2009 por el propio Ministerio de Educación de la Argentina, o la escandalosa connivencia entre autoridades educativas y empresas mineras en la provincia de Catamarca donde se reconoce puntaje a lxs docentes que realicen la “Formación Ambiental” dictada por la empresa Minera Bajo La Alumbrera”, ejemplo paradigmático de contaminación.

 

Pero éste no es un hecho aislado, hace pocos días nos enterábamos por los medios de reuniones entre el Ministerio de Educación y organizaciones empresariales de la agroindustria, inclusive la firma de un convenio para que las empresas realicen capacitación en escuelas rurales.

 

Además de inédito, este ataque del sector extractivo va en contra de los principios de la educación, y no podemos dejar de leerlo junto con el reciente acuerdo firmado entre el Consejo Federal de Educación (CFE) y el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA, destinado a promover las “Políticas Públicas de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable”, lo que suena cuanto menos contradictorio entre las políticas actuales de profundización del extractivismo a ultranza..

 

Recordemos que la Educación Ambiental es un instrumento clave de la política ambiental, reconocida por la propia Constitución Nacional y Ley General del Ambiente. Como tal es definida y especificada en sus objetivos y principios en la normativa educativa, específicamente el art. 89 de la Ley Nacional de Educación 26.206, dispone la obligación del “Ministerio de Educación de la Nación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, de proveer a la educación ambiental en todo el sistema a fin de promover valores, comportamientos y actitudes acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad biológica que propenda a la preservación de los recursos naturales y a su utilización sostenible”. También, la Ley de Educación de Río Negro cuando sostiene que “La Educación Ambiental permite abordar la complejidad de la problemática ambiental partiendo de sus expresiones concretas en la realidad comunitaria. Asimismo permite debatir sobre sus causas, reflexionar críticamente sobre el modelo de desarrollo económico y proponer alternativas basadas en el modelo de desarrollo sustentable”. Por tanto, la Educación Ambiental, transversal a todos los niveles del sistema educativo, no podría de ninguna manera obviar las consecuencias socioambientales del modelo extractivo y la fuerte resistencia que existe en los territorios, algo que choca de frente con los contenidos e intenciones enunciados en el Acuerdo Federal Minero. 

 

Tampoco se puede entender cómo entre los objetivos que formalizan los Ministros de Ambiente y de Educación del País, en el citado acuerdo, se exprese el de: “Articular políticas de Educación y Ambiente que permitan potenciar e implementar acciones de educación ambiental orientadas a la formación de una ciudadanía participativa y ambientalmente responsable para contribuir con el logro de las metas de los objetivos del Desarrollo Sustentable”, cuando no se cumple con la participación ciudadana en la conformación de los Consejos Escolares de Educación (artículo 182, Ley 4819 de Educación de Río Negro); o cuando el Gobierno Nacional no convoca ni acepta la formalización de la Paritaria Nacional Docente. 

 

Paradójicamente, el Ministerio de Educación Nacional, que no se reúne con lxs docentes, sí lo hace con la corporación minera y, según trascendió, creó una Mesa de Diálogo con ellas para avanzar en la implementación del Acuerdo Minero.

 

Sin duda para lxs firmantes de este nuevo Acuerdo Federal Minero existen conceptos diferentes de participación, quizás estén abogando por una participación sumisa, vertical y acorde con las políticas de “no te metas” y de expresar que “se hace” para no hacer nada. 

 

Como ya lo manifestamos en nuestro 1er. Congreso Socioambiental: nos oponemos a un modelo extractivista que genera desigualdad, injusticia, explotación, saqueo, dolor, que pone en peligro la vida. Reafirmamos la importancia decisiva que tenemos escuelas y docentes en función de difundir, problematizar, debatir y construir conocimientos estratégicos sobre estas realidades ocultadas, minimizadas y distorsionadas desde el poder

 

Lo hacemos cada día, aún en las condiciones más desfavorables, luchamos junto a nuestras comunidades educativas para mejorar las condiciones de vida y para construir una posibilidad de futuro a nuestros niños, niñas y jóvenes. 

 

¡Lo seguiremos haciendo!

 

Gral. Roca - Fiske Menuco, 12 de julio de 2017.