Publicado por lavaca
Una investigación de la Policía Federal revela que cinco ríos de Jáchal contienen cianuro, dos de ellos con niveles que afectan la vida acuática. Concluye que hubo infracción a la Ley de Residuos Peligrosos. Ahora, ¿quién paga?
“A pesar de la defensa que muchos propinan respecto de la industria minera fundamentados que este tipo de actividades contribuyen a la economía de un país, la misma posee un bagaje histórico de accidentes, incidentes y desastres (…) aún en sitios donde las empresas aseguraban manejar avanzadas técnicas de cuidado ambiental”.
Éstas palabras son del puño y letra del subcomisario de la Policía Federal que dirigió el equipo técnico que realizó el primer informe oficial que confirma que cinco ríos de la zona de Jáchal, de la provincia de San Juan, fueron contaminados el 23 de setiembre de 2015 por el derrame de 1 millón y medio de litros de agua con cianuro en la mina Veladero, que explota Barrick Gold.
Los antecedentes
El informe de la Policía Federal es el primero que señala el hallazgo de “cianuro total” en los ríos de Jachal y el único que habla directamente de la infracción de la Ley de Residuos Peligrosos, es decir, de la comisión de un delito. El responsable: Barrick Gold.
Ya noviembre de 2015 la Universidad Nacional de Cuyo había hallado altos niveles de metales, por encima de las normativas que cuidan la vida acuática y el medioambiente: http://www.lavaca.org/notas/un-informe-una-nota-y-una-intimacion/. A este primer informe que confirmaba la contaminación tras el derrame le siguieron un trabajo de la Universidad Nacional Tecnológica de Mendoza y un reporte de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas en San Juan: http://www.lavaca.org/notas/el-cianuro-barrick-la-onu-y-san-juan-los-informes-de-la-polemica/.
El último, dado a conocer una semana atrás por la Asamblea Jáchal No Se Toca, encontró arsénico en la sangre de un niño de 5 años.
Las nuevas evidencias
Ahora, se suma este informe de la Policía que fue ordenado por el fiscal federal Ramiro González, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, por derivación del juez Sebastián Casanello, quien tramita la causa N° 1719/15 que investiga concretamente la infracción a la ley 24.051 de residuos peligrosos, “por vuelco de cianuro en el Río Las Taguas en la mina Veladero por parte de Barrick Gold”. Está fechado el 26 de octubre del año pasado y fue realizado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales, un gabinete de apoyo técnico y jurídico que no puede ser acusado de parcialidad.
La Policía Federal tomó muestras sólidas y líquidas en 13 puntos de los cursos de agua de los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, y en todas, dice el informe, “ya sean líquidas adquiridas de cursos de agua, de agua de red y de riego, como las sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total”. Dos de ellas, una obtenida del río Las Taguas y otra del Río Blanco, presentan valores por encima de lo normado en los niveles guía de calidad de agua para la protección de vida acuática. “Claro está que los valores asociados a este parámetro y por fuera de lo normado, no estarían relacionados con causas naturales”, dice el informe.
La carga de prueba
¿Qué impacto producen estos valores? Además del hallazgo de cianuro en todas las muestras, la importancia del informe policial es que invierte la carga de la prueba: no establece una relación causal directa, pero otorga un marco de evidencia contundente que dice que, dado el volumen del desastre, no pudo no haber daño. “Nadie puede afirmar que el vertido de más de un millón de litros de solución cianurada no afectó en lo más mínimo la diversidad biológica de las cuencas hídricas involucradas”. Es decir que los valores hallados por este equipo técnico bastarían para aplicar el principio precautorio y no el beneficio de la duda que viene sugiriendo el poder político y la empresa minera: “En función de la toxicidad y del volumen arrojado, no puede afirmarse la inexistencia de daño”, concluye.
Los pesados
Al igual que señalaron otros informes que analizaron las cuencas de Jáchal, el de la Policía Federal encuentra valores de metales pesados como plomo, cadmio, cobalto y/o cromo total “por encima de lo normado en los niveles guía de calidad de agua” (Decreto Nacional 831/93 y Ley 24.585). Entre las seis conclusiones que cierra el informe se señala que estas concentraciones sólo pueden proveer de una “evacuación contaminante” y señala que “se debería tener en cuenta los posibles daños debido a la reacción de este contaminante con otros metales pesados presente en las cuencas afectadas”.
Si bien se señala que existen causas antropogénicas por las cuales el agua contiene de por sí metales, se aclara que “el plomo y el cobalto son metales que podrían provenir de la industria minera”.
El delito
La quinta conclusión acredita una “excesiva concentración de sales en el agua potable, así como de cobalto” y sugiere que sobre este punto “debería consultarse con un profesional médico, para que informe si la presencia de estos parámetros pueden resultar dañosas para la salud pública”, como profundización de este informe preliminar. Para ello, el fiscal González ordenó a la Facultad de Medicna de la UBA analizar la red de agua domiciliaria de Chinguillo y Agualasto, donde se detectaron altos niveles de sales y cobalto.
Por último, la investigación concluye contundente: “El haber descubierto constituyentes peligrosos por fuera de los valores establecidos para la preservación de la vida acuática, constituye una clara infracción a la ley 24.051”.
Ahora, la pregunta es: ¿quién paga?
Podés leer el informe completo en la nota de No a la Mina