Unter se declara en alerta y seguirá discutiendo salarios

 

 

Hoy, 7 de agosto, sesionó el CCCXIV Congreso Extraordinario de UnTER en Choele Choel, con la presencia de la mayoría de las seccionales con el objetivo de analizar la situación provincial, evaluar las actas de las comisiones de política educativa, salud y nomenclador. Además de definir la constitución de la Junta Electoral, con miras al acto electoral del 30 de septiembre en el que se elegirán los representantes sindicales en los cuerpos colegiados del CPE y mandatos para el XXXIII Congreso Ordinario de CTERA.

En la primera etapa de las discusiones, el congreso avaló en lo general lo actuado por el CDC en las reuniones con el gobierno, estableciendo que aún quedan puntos a seguir trabajando.

En el análisis provincial, desde lo salarial se resolvió continuar trabajando en la equiparación del Nomenclador y corrección del valor índice. Exigir la derogación del Decreto 530 de movilidad y formar una nueva normativa y que el Estado provincial absorba el impuesto a las ganancias.

Las seccionales presentes denunciaron graves problemas en el mantenimiento que no se resolvieron durante el receso invernal, ni tampoco en las vacaciones de las escuelas del período septiembre - mayo. En función de esto, se resolvió exigir el normal funcionamiento de los edificios escolares, con la cantidad necesaria de personal de servicios generales. Como así también exigir la derogación del Decreto 652/12, que impide a los equipos directivos decidir la suspensión de clases.

Otro punto de análisis fue el Decreto 2622/15, sobre certificado de antecedentes y reincidencia, que se rechaza porque implica un retroceso en las garantías constitucionales. Las y los congresales consideran que urge la elaboración de un protocolo de actuación para casos de abuso, maltrato y violencia. También se convoca a la seccionales y comunidad en general a participar de la movilización que se desarrollará en Cipolletti el martes 11 de agosto a partir de las 11:30.

Se rechazó el aval que el Ministerio de Educación otorga a las propuestas de institutos privados, que transforma a la capacitación docente en un mero intercambio mercantil.

Se discutió sobre la necesidad de trabajar en la organización de la escuela especial en función de la revisión y evaluación de la Resolución 3438/11 de inclusión.

En el orden interno, a partir del próximo ciclo lectivo, los Jardines Maternales de UnTER no abrirán salas de 4 años, pues se considera que a partir de la promulgación de la nueva Ley de Educación, es obligación del Estado garantizarlas.

Choele Choel, 7 de agosto de 2015.

María Inés Hernández, Secretaria de prensa, comunicación y cultura


Comunicados de prensa 

El CCCXIV Congreso Extraordinario que sesionó en Choele Choel el 7 de agosto, expresó “Repudiamos la actitud de un grupo de afiliados y afiliadas que desconociendo los espacios democráticos de UnTER y por un desacuerdo con la definición de la Junta de Disciplina, órgano interno cuyos integrantes fueron elegidos por el voto directo, optaron por salir a los medios utilizando palabras con una carga simbólica tan fuerte como golpistas, persecución ideológica y violencia de género involucrando al conjunto de afiliados y afiliadas, para justificar su postura.

Estas actitudes no se corresponden con la defensa de derechos que alegan, flaco favor le hace al fortalecimiento de nuestra organización, pues este uso malintencionado del derecho a la palabra, viola el derecho a la información, porque desvirtúa la verdad, además de deslegitimar asambleas y congresos con la decisión de salir a los medios masivos y no asistir a dar el debate dentro de los espacios orgánicos de UnTER en una clara definición de imponer los intereses individuales por encima de los derechos colectivos.

Exigimos la inmediata retractación de los dichos y el respeto a la institucionalidad de nuestra organización”.

Comisión de prensa

Adriana Bulacio, Seccional Viedma
Oscar Morro, Seccional Roca, Fiske Menuco
María Inés Hernández, Secretaria de prensa comunicación y cultura


El CCCXIV Congreso Extraordinario sesiona en nombre de la compañera Mónica Almirón, maestra de la Escuela nº 45 de Cuatro Esquinas, secuestrada en Cipolletti por la dictadura genocida el 8 de agosto de 1977, a los 26 años. Junto con su compañero Enzo Lauroni, fueron trasladados a la ESMA, luego al Chaco, su provincia de origen. Permanecen desaparecidos desde entonces.

No olvidamos, no perdonamos no nos reconciliamos Compañera Mónica Almirón ¡Presente, ahora y siempre!

Vicente Zito Lima, miembro honorífico de la Escuela Rodolfo Walsh reconocido por su defensa de los derechos humanos, víctima de la persecución política, expresó hace un año cuando recuperamos al nieto 114 Ignacio Guido Montoya Carlotto que: “Buscar la identidad es un derecho de cada sujeto, pero también es un beneficio social porque el daño de los genocidios, de los grandes dolores sociales, todos los sufrimos; entonces esta recuperación nos empodera y con poder se cambia el mundo, poder en este caso simbólico, pero para los que creemos en la potencia de la cultura, en la transformación de la sociedad, que sea un capital simbólico no es un tema menor, porque también es imprescindible recuperar la alegría en la lucha. Alegría que persiste y se multiplica a medida que luego de su restitución, cientos de jóvenes concurren buscando a las Abuelas recuperar su historia, entre ellos están los 400 que todavía nos faltan, que entre todos estamos buscando”.

También Vicente, cuando recuerda su accionar como abogado de los presos políticos fusilados en Trelew el 22 de agosto de 1972, cuya memoria honramos, afirma que: “a veces transitar en la defensa de los derechos humanos, donde necesariamente se tiene que comprender el dolor frente al avasallamiento de la dignidad humana, suele ser un tránsito por el infierno que no puede hacerse en soledad, hay que parar cada tanto en el camino y recoger a los compañeros y cargarlos sobre la espalda, porque no se trata de ir rápido, se trata de ir a la construcción de los actos sociales del bien, a la construcción de eso que en el sueño llamamos revolución, y en la práctica llamamos actos de la revolución”.

Por eso celebramos los 10 años de creación del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, organización de la que UnTER forma parte desde su gestación, cuando por primera vez se logró que la Corte Interamericana de Justicia sancionara a la provincia de Río Negro por las condiciones infrahumanas en las cárceles y que el trabajo colectivo nos permitió la creación del Comité contra la Tortura.

La persistencia del Observatorio es una forma de resistencia colectiva en una provincia donde nos siguen asesinando a los pibes en las comisarías, en las cárceles, donde todavía estamos buscando a Daniel Solano, trabajador rural desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, investigación viciada de irregularidades por la connivencia entre el poder económico, la justicia y la policía que se refleja en la repudiable decisión de permitir la pronta liberación de los uniformados involucrados en su desaparición. Exigimos el inmediato esclarecimiento del caso, juicio y castigo a los responsables de todos los casos impunes.

Pertenecer al Observatorio fue una definición política de nuestra organización en consonancia con nuestros principios, con nuestra historia y con la numerosas luchas que afrontamos para defender todos y cada uno de los derechos. Prueba de ello es que forman parte de nuestras asambleas y congresos compañeras y compañeros que llevan en el documento y en la piel las marcas de la dictadura genocida.

La presencia de la mayoría de seccionales en este congreso, demuestra que aún seguimos de pié, con la firme convicción que el enemigo no está dentro de nuestro sindicato, sino afuera entre quienes avasallan los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras para ocultar su impericia y la ausencia del Estado que pone en riesgo la integridad de niños, niñas y jóvenes. Ejemplo de ello es que aún no existe una sola medida por parte del Estado para casos de abuso sexual infantil. Frente al hecho consumado el gobierno no duda en perseguir y hostigar a docentes, como sucede con las compañeras del Jardín 85 de Cipolletti. Exigimos el cese de la persecución, y la implementación de un protocolo de actuación y la formación necesaria para abordar estas problemáticas.

Rechazamos la implementación de la Resolución 2622/15 que exige el certificado de antecedentes y reincidencia, porque ideológicamente invierte el principio constitucional que dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre la culpabilidad. Esta normativa rememora la Resolución 235/76 cuando la dictadura genocida sancionó una regla que ponía bajo sospecha a todos los trabajadores de la educación.

Hay alternativas a esto, exigimos el funcionamiento de la justicia, definiendo y comunicando fehacientemente sus decisiones a todos los órganos educativos, para evitar el ingreso a la docencia de quienes se encuentren involucrados en hechos aberrantes contra la dignidad e integridad de niños/niñas tal como lo expresa la Ley Nacional de Educación 26206, la Provincial N° 4448 y 4819.

Paradójicamente, el Ministerio impone a los docentes resoluciones para cuidar la integridad psicofísica de las y los estudiantes, pero sostiene a funcionarios que no cumplen con sus obligaciones, como sucede con Adrián Carrizo a cargo del mantenimiento de escuelas. Repudiamos la imprevisión del gobierno que no concretó los arreglos mínimos en las escuelas durante el receso invernal, ni tampoco en las escuelas del período septiembre - mayo. Hay establecimientos sin gas, ni agua, llenas de ratas, con problemas eléctricos, en toda la provincia.

Repudiamos la decisión de los funcionarios como José María Ramallo, Coordinador Regional Zona Sur de Jacobacci, quien pretenden sostener a toda costa los 190 días de clases poniendo en riesgo la salud de trabajadores y estudiantes. Sin embargo, con total conocimiento del estado de los edificios, tomó la definición de realizar los arreglos, luego del receso invernal, que implica, la perdida de días de clases.

Para estos funcionarios siempre la culpa es de las y los docentes, expresamos nuestra solidaridad con las compañeras y los compañeros de Comallo agraviados públicamente por el intendente Raul Hermosilla, frente a los justos reclamos por la falta de condiciones mínimas de seguridad, higiene y salubridad en los edificios escolares.

La protección de la salud es integral, por eso la defensa de un ambiente sano es una de nuestra banderas de lucha, en tiempo de políticas extractivistas que contaminan el aire y el agua. Recordamos que este 22 de agosto se cumple un aniversario de la promulgación de la ordenanza municipal en Allen que declara al ejido libre de frácking, y que luego fuera desvirtuada por decisiones del poder judicial sometido al poder económico, mientras tanto el petróleo mata lentamente la vida productiva en las chacras de Allen y envenena los curso de agua, seguimos de pie resistiendo y reivindicamos la lucha en defensa de la vida de esta y las futuras generaciones.

Comisión de prensa
Adriana Bulacio, Seccional Viedma
Oscar Morro, Seccional Roca, Fiske Menuco
María Inés Hernández, Secretaria de prensa comunicación y cultura


 

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