El 17 de marzo de 1992 una carga explosiva voló la sede de la embajada de Israel. En el atentado terrorista murieron 22 personas, y 242 resultaron heridas, 23 años después, las víctimas siguen esperando Justicia.
La investigación, encabezada por la Corte Suprema de Justicia, mostró desde el principio notorias insuficiencias, se encarceló a cuatro ciudadanos pakistaníes que finalmente fueron sobreseídos.
En 1997, se creó una Secretaría Especial que asumió la investigación bajo la dirección de Esteban Jorge Canevari, que definió como principal hipótesis que el atentado fue consumado por miembros de la organización Hezbollah, con base en Líbano, con el apoyo intelectual de la República Islámica de Irán.
La maleabilidad de los funcionarios del momento, desde el Presidente para abajo, sospechados por sus vínculos con la venta de armas a Medio Oriente, hizo que se terminara aceptando el criterio de una explosión exterior y el coche-bomba. Pero antes ocurrieron algunas cuestiones que permiten afirmar la existencia de encubrimientos que durante largos años impusieron e imponen esa lógica. Se sumaron hojas a los expedientes, pero ninguna respuesta clara, no se tomaron en cuenta los peritajes que planteaban la posibilidad de una implosión, lo que permitía indagar otras pistas y profundizar en la conexión local, mucho menos se escuchó a los familiares que exigieron precisiones para saber, por ejemplo, por qué la policía federal que custodiaba el lugar se retiró minutos antes de la explosión.
En 2006, la Corte compuesta por los jueces Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolsaco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay declaró la causa como "imprescriptible" y le permitió a Carlos Susevich, padre de una víctima, ser querellante. Hasta ese año, no se habían logrado mayores avances, el Estado de Israel jamás pidió ser querellante y la Corte menemista le había negado a Susevich, el derecho a litigar pese a sus continuos reclamos.
Desde hace dos años se está esperando que los servicios secretos de Estados Unidos y Europa colaboren con información sobre el atentado, la respuesta es el silencio.
Hasta ahora, la causa fue instruida por cuatro jueces y distintas formaciones de la Corte Suprema. Pese a las declaraciones de su actual presidente, Ricardo Lorenzetti, la investigación continúa, porque nunca fue declarada “cosa juzgada”, nunca hubo personas detenidas, nunca se avanzó en nada concreto, mientras tanto en 22 hogares hay una ausencia, un dolor que no cesa, y que nos conmueve a todos y todas, porque la bomba que explotó en la embajada no atentó contra una comunidad, atentó contra el derecho a la vida del pueblo argentino. En los escombros de la embajada quedó sepultada la verdad, es tiempo de saldar la deuda, es tiempo de Justicia.
Gral Roca - Fiske Menuco, 17 de marzo de 2015
Luis Genga, Secretario de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura