Publicado por La Voz
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) aprobó por 28 votos contra 6, hacer propia la declaración del rector Francisco Tamarit y la vicerrectora Silvia Barei que cuestiona el convenio firmado entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la multinacional Monsanto.
Ahora, el Consejo Directivo de esa facultad deberá resolver si sigue adelante con el acuerdo.
La sesión se desarrolló en un clima de alta tensión, con unos 200 militantes contrarios a la radicación de Monsanto dentro del recinto.
El debate sobre el convenio con Monsanto se trató al final de los temas del orden del día. Sin embargo, el Consejo Superior estuvo debatiendo la posibilidad hacer propia una declaración del rector y de la vicerrectora en la que cuestionan la actitud del decano de Ciencias Agropecuarias, Marcelo Conrero.
Cuestionamiento
En la declaración, las máximas autoridades de la UNC consideraron que el convenio suscripto por el decano Conrero no considera el principio de precaución establecido por la ley general de ambiente nacional y que fue invocado por el Consejo Superior cuando emitió su opinión sobre este conflicto a fines de 2012.
En ese texto el Superior expresó su solidaridad con la comunidad de Malvinas Argentinas movilizada contra Monsanto e instó a las partes a resolver el conflicto sin miradas parciales.
En otro párrafo Tamarit y Barei cuestionaron que el convenio de Ciencias Agropecuarias tampoco ayuda a resolver la conflictividad social que desde hace varios años se ha desatado en en el lugar.
Por el contrario, dicen las autoridades, "contribuye valiéndose de todo el prestigio de nuestra Universidad a legimitizar la pretensión de la empresa de radicarse en Malvinas Argentinas, generando confusión en la opinión pública, en relación a la posición asumida por esta Universidad en consideraciones anteriores".
Tamarit y Barei piden que el Consejo Superior exprese la posición vigente de la UNC sobre este tema.
Incluso, el decano fue "llamado" a reflexionar sobre la necesidad de actuar con prudencia y no anteponer intereses personales y sectoriales por sobre los derechos de las comunidades y la plena vigencia de la Constitución Nacional y de las leyes.