El deber del Estado es garantizar escuelas dignas para enseñar y aprender

El Consejo Directivo Central se solidariza y apoya a las y los docentes de la Escuela 103 de El Bolsón y a padres y madres que sostienen la defensa de la educación pública. El Ministerio en vez de ocuparse de resolver la situación, cuestiona el accionar docente, referenciándose en un reducido sector que opina que las clases deben dictarse a pesar de que el Juez Tau Anzoátegui, titular del Juzgado Civil Comercial y de Minería Nº 5 de Bariloche consideró legítimos los reclamos y muy grave la situación edilicia y ordenó mantener la suspensión de las actividades académicas hasta tanto las autoridades educativas garanticen las condiciones aptas.

Al igual que padres y madres de la Escuela 32  y CET 1 de Roca y el CET 6 de Viedma, los de la Escuela 103 han debido interponer un recurso de amparo para que la justicia intervenga y obligue al Ministerio de Educación a realizar las obras necesarias para el mantenimiento edilicio.

El derecho social a la educación implica también invertir recursos económicos y humanos en mantener los edificios escolares en condiciones dignas, no hacerlo es abandonar a nuestros estudiantes y despreciar a la docencia. En éste sentido, las y los docentes de la Escuela 103 han actuado en el marco de la legalidad, en defensa de la escuela y del derecho a enseñar y aprender.

Estos mismos docentes, han demostrado durante años su compromiso en defensa de una comunidad rural, jaqueda por intereses que pretenden avasallar sus derechos básicos, antes, contra un claro avance de la extrajerización de la tierra y la naturaleza que les da sustento, ahora contra personajes vinculados al poder político y económico.

Gral. Roca - Fiske Menuco, 7 de mayo de 2014

María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura