Democracia, igualdad educativa y salarios

 

 

Publicado en diario Río Negro del 17/01/2011 . Por Fernando López*

 

Nadie puede negar que desde la segunda gestión del gobernador Saiz la educación ha tenido una dinámica distinta de la impregnada en su primer período.

El 2010 le ha permitido tener un respiro en cuanto a la conflictividad salarial, muy a pesar del magro acuerdo obtenido por la Unión de Trabajadores de la Educación (Unter), que no logran recuperar el poder adquisitivo desde la caída precipitada que tuvo en 1996, época no olvidada de reducción y quitas salariales que nunca fueron devueltas al bolsillo del empleado del sector.

Este período tranquilo le ha permitido al ministro de Educación, César Barbeito, posicionarse en uno de los ministerios de mayor protagonismo en la escena gubernamental; pero claro está, a un costo impredecible de un endeudamiento provincial en el marco de los acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo que, financia entre otras, la implementación de la jornada extendida, caballito de batalla que no termina de convencer al colectivo docente sobre sus bondades acerca de una mejor calidad educativa.

También no ha cesado en publicitar no sólo cada acto de entrega de equipamiento informático a diferentes escuelas, sino también los vinculados con promover el debate curricular en los distintos niveles y modalidades. El cual, por cierto, ha mostrado déficit en cuanto a su pobre implementación que, muy lejos de movilizar al trabajador de la educación, ha producido un efecto contrario: generó un debate inconcluso y falto de interés.

El lema político del ministro, "Conectate con Barbeito", muestra a las claras que poco importan los principios rectores de nuestra Ley Orgánica de Educación acerca de la necesidad de una mayor y legítima democratización, la plena participación de los docentes y padres en las definiciones político-educativas, aspectos insoslayables a la hora de evaluar el sistema educativo provincial rionegrino.

No pocos saben que el gobierno y la democratización de la educación es aún materia pendiente con los trabajadores del área y con toda la comunidad. El Consejo Provincial de Educación, órgano de gobierno en el sector, ha sido deslegitimizado y neutralizado por la figura ministerial, que entre otras cosas le ha permitido al ministro un manejo personalista, dejando de lado el consenso de las políticas educativas públicas con los demás actores del gobierno, como lo son los vocales docentes y la vocalía de los padres (la gran ausente del sistema).

Nuestra ley orgánica, que ha sido producto de un debate participativo y democrático de los trabajadores de la educación, ha quedado hoy en letra muerta.

Y en esto hay una gran responsabilidad de la entidad gremial que, lejos de reclamar el cumplimiento efectivo y la reglamentación de esa norma, ha mantenido una llamativa pasividad frente a embates de medidas ministeriales como lo son: jornada extendida, extensión horaria, referentes TICs, auxiliares docentes, secretarios pedagógicos, propuesta de inclusión, terminalidad de estudios para no docentes.

Muchas de estas modalidades son cubiertas con cargos no previstos en el Estatuto del Docente y menos aún en el nomenclador.

Esta deslegitimación de la ley Orgánica no puede quedar indiferente en la comunidad educativa, menos aún pensar que con más notebooks, aulas digitales e internet (aunque son más las escuelas que no la tienen que las que las poseen) se resuelve de fondo la brecha de desigualdad y la calidad de lo que se imparte.

Confundir y hacer creer que el discurso de mayor informatización es la panacea educativa y el logro de la gran igualdad, consiste en una de las hábiles pulseadas políticas que ha sabido instalar el ministerio rionegrino.

Lo cierto es que la batería de medidas sin tener en claro adónde va la educación rionegrina, resulta más de lo mismo y prueba de ello son las estadísticas que lo dicen todo: descreimiento y menoscabo de la escuela pública y, en desmedro de ello, el crecimiento del ámbito privado con subvención estatal.

Y en esto algo tendrá que ver la decisión ministerial de otorgar subsidios cada vez con mayores aportes a la escuela privada. ¿Acaso esto debe traducirse como que el Estado entiende que la institución privada posee mayor calidad educativa que nuestro querido establecimiento público?

Lo cierto es que esta última aún debe sobrellevar enormes falencias tanto en lo edilicio, con edificios viejos, obras de mantenimiento que se realizan mal o bien no se hacen, como en el provisionamiento.

Sabemos que el sostén de ésta es el tesón y el compromiso de cada docente a lo largo y ancho de nuestra provincia.

El gobierno de Río Negro sabe que ha subsistido en estos años gracias a los aportes que ha hecho y sigue haciendo el gobierno nacional, de la mano de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha posibilitado el programa de desendeudamiento de las cuentas públicas provinciales, que hoy entre otras cosas le permite la continuidad en la cadena de pagos en materia salarial y de gasto público.

El gobierno rionegrino actual poco y nada de inversión pública en materia educativa puede mostrar.

¿De dónde vienen las inversiones en materia de obras y programas que buscan la igualdad y justicia social si no es a partir del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación? Todo lo que han recibido y creado en las escuelas se debe a este ministerio.

La comunidad educativa, si bien debe apoyar los avances democráticos, también tiene que abrir los ojos y reflexionar sobre la necesidad de una mayor profundización en la democratización e igualdad a la hora de evaluar la escuela pública rionegrina y su deterioro a lo largo de los diferentes gobiernos.

Basta leer e interpretar las estadísticas y ver el éxodo de la matrícula estatal hacia las escuelas privadas, un síntoma más que preocupante y revelador del avance de este sector sobre el público.

En otro orden, y en lo que hace a los salarios, es bueno hacer un ejercicio de memoria y remontarnos a las rebajas del 96, que aún calan en lo más profundo de cada empleado público provincial, en particular los trabajadores de la educación.

Desde allí para acá aún no hemos podido recuperar el sueldo real. A buen entendedor pocas palabras.

Finalmente, si queremos sincerar lo que pasa adentro y fuera de la escuela pública, es más que necesario jerarquizar la institución y esto sólo es posible con un nuevo gobierno provincial que termine con el continuismo radical y comience a armar un Río Negro que siga las líneas de construcción nacional y popular, en coincidencia con la presidenta de la Nación.

Sólo así podremos visualizar que algo va a cambiar para los trabajadores de la educación y del conjunto de los rionegrinos.

Entre otras medidas este gobierno deberá:

• Recomponer el salario docente como premisa básica de discusión paritaria.

• Profundizar el debate y reglamentación de nuestra Ley Orgánica y su compatibilización con la Ley Nacional de Educación.

• Hacer realidad la autonomía del CPE como gobierno de la educación.

• Debatir una nueva ley de financiamiento y presupuesto educativo (toda vez que el tercio de las rentas generales es insuficiente).

• Propiciar el debate participativo del presupuesto educativo, así como también la de un plan de inversión pública que permita hacer extensiva la Escuela de Jornada Completa.

• Propiciar, en el marco del Consejo Federal de Educación, el debate por una educación nacional y popular.

• Debatir un nuevo Estatuto del Trabajador de la Educación.

• Exigir la plena vigencia de los acuerdos paritarios en materia salarial, de condiciones de trabajo y salud escolar.

* Ex concejal, ex secretario de la Unter Villa Regina

y actual secretario general de CTA-Villa Regina