La decisión de la Corte Suprema de dar lugar a presentaciones del beneficio del 2x1 en crímenes de lesa humanidad demuestra a quiénes patrocina el gobierno. Amparar a partícipes del golpe cívico, empresarial, eclesiástico y militar, es un ejemplo de cómo se desarrolla el escenario político y económico en nuestro país. La devolución de favores desde grandes empresas, incluidas las de la familia presidencial, hasta a los genocidas, deja en claro el plan que comenzó a materializarse: flexibilidad laboral, paritarias bajo la inflación, no a las paritarias nacionales, represión, armamento para imponer negocios para pocos empresarios y funcionarios de gobierno.
La cúpula de la iglesia argentina pretende reconciliación y la Corte Suprema decide olvido y beneficios. Ambas, se ubican, una vez más, del lado de los poderosos, de quienes asesinaron, torturaron, violaron y secuestraron bebés.
El plan perfectamente armado comenzó a mover sus fichas con mayor precisión, con definiciones profundas y aleccionadoras, para hacer entender a la sociedad argentina quiénes gobiernan y para qué. Son los herederos y cómplices del genocidio de Roca y de Videla, del poder económico que creció al calor de esos desastres políticos, sociales y ambientales. Que se renovaron con el menemismo. Son quienes nunca dejaron de hacer negocios para hacer crecer sus dominios.
La UnTER luchó contra la dictadura, rechazó todo levantamiento militar y se manifestó claramente en contra de los indultos, el punto final y la obediencia debida. No olvidamos el 25 de marzo de 1976, cuando la Escuela 50, fue allanada y saqueada, en horario de clases, por fuerzas policiales que respondían al Ejército. Allí se realizaban las reuniones del sindicato. Su Director, el compañero Secretario General de UnTER,
Luis Genga, igual que Silvia Bottinelli, María Cristina Bottinelli, María Inés Brasseur y Graciela López, fueron secuestrados/as el 2 de septiembre de 1976 en Cipolletti y trasladados/as al centro clandestino de detención y tortura “la Escuelita” que funcionaba en el Batallón de Construcciones 181 del Ejército en Neuquén, luego debieron exiliarse. De los treinta mil compañeras y compañeros detenidos/as desaparecidos/as, 669 eran docentes.
Rechazamos, repudiamos y manifestamos que estas decisiones son producto de la maldad y el odio hacia lo popular y hacia quienes defienden sus derechos políticos, sociales, ambientales, económicos y de vida. Las trabajadoras y los trabajadores de la educación repudiamos en su totalidad el fallo de la Corte Suprema de Justicia y a sus firmantes, que dieron lugar a una puerta que pretende borrar cuarenta años de lucha de las Madres y de las Abuelas de Plaza de Mayo, de organizaciones y de todo un pueblo que sufrió los horrores de la dictadura y que ahora tratan de ocultar, silenciar y hasta desmentir lo ocurrido Argentina y en América Latina.
Las y los docentes reafirmamos nuestro compromiso por
memoria, verdad y justicia. Se continuará la
resistencia y denuncia frente a todo intento de poner un manto de olvido a estos hechos aberrantes e ilegales. Aprendimos que no hay construcción de futuro, cimentado en el olvido del horror y la negación de la identidad. Invitamos a todas las organizaciones sociales a realizar una declaración, en igual sentido, para hacer escuchar miles y miles de voces, como así también exigimos un pronunciamiento por parte del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia en defensa de la legalidad y de reales Derechos Humanos.
Gral. Roca – Fiske Menuco, 4 de mayo de 2017
Consejo Directivo Central de UnTER
Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General
