Inicio de clases, sin garantías edilicias

Mantenimiento mínimo, obras inconclusas, obreros trabajando dentro de los edificios escolares y construcciones terminadas sin final de obra, ese es el panorama de los establecimientos educativos en Río Negro, que se analizó en el encuentro de Secretarios/as de Salud de UnTER, realizado el viernes 10 de marzo, en Roca-Fiske Menuco.

 

En el encuentro se evaluaron las condiciones edilicias de las escuelas, en el inicio del ciclo lectivo, y elaboraron un documento conjunto, que desmiente las afirmaciones de Adrián Carrizo, Subsecretaría de Coordinación, responsable de infraestructura escolar de la provincia, quien minimizó la problemática y afirmó que solo cuatro escuelas faltaban terminar las obras. Como es costumbre a último momento el Ministerio corrió de un lado a otro para salir con la propaganda política que, en Río Negro, todas las escuelas comenzaron el ciclo lectivo. Para ellos importan sólo números y porcentajes. La pregunta retórica es ¿A costa de quién?

 

La respuesta son algunos ejemplos concretos: En Cipolletti y El Bolsón cientos de estudiantes no podrán iniciar las clases, entre ellos niños y niñas de Nivel Inicial que ni siquiera tiene vacantes. El Ministerio pretende refuncionalizar espacios poco aptos para desarrollar el proceso pedagógico. En algunos casos, en escuelas secundarias, que además restan espacios a estas instituciones y obligan a convivir, en un mismo edificio a niños y niñas con adolescentes.

 

Las escuelas de jornada extendida, iniciaron actividades de manera parcial, postal repetida todos los años, porque no hay previsión para funcionamiento de comedores ni trasporte. Sumado a esto, aún hay zonas donde no se definió la contratación de proveedores del servicio, y algunos municipios no renovaron los convenios para mantenimiento.

 

En las instituciones donde se pretende implementar la ESRN, la mayoría no cuentan con espacios necesarios para la aplicación, por ejemplo, laboratorios o SUM. Situación denunciada por UnTER y uno de los motivos por los que se exige la no implementación para el 2017.

 

Las irregularidades edilicias no son nuevas, sino una sumatorias de factores producto de la falta de mantenimiento escolar sostenido y planificado o de reparaciones precarias, de “parches” que nunca solucionan los problemas de fondo. Está claro que no existe una inversión presupuestaria acorde a las necesidades reales, que este año se agudiza con el recorte anunciado por el gobierno. 

 

Un tema fundamental es quién garantiza una vez culminada una obra escolar que las edificios escolares reúnen las condiciones de seguridad y habitabilidad que marca la normativa. Al culminar una construcción o refacción se obliga a los equipos directivos, a visar y muchas veces firmar un final de obra como si fueran competentes en la materia. Planteo que reiteradamente y vía formal se le ha hecho a Carrizo, pero que aún no ha dado una respuesta seria. Por ello, se ha resuelto en sucesivos congresos de UnTER que los equipos directivos no firmen, la realización de obras en el establecimiento. Es responsabilidad del gobierno certificar el final de obra y exigir a las empresas constructoras que cumplan lo establecido por la normativa vigente tanto en el proceso de construcción como en la finalización y entrega de la misma. Si no lo hacen, queda en evidencia las irregularidades del propio gobierno.

 

En el 2014, por exigencia del sindicato el Consejo Provincial de Educación emite la Resolución Nº 4384 a través de la cual se crea el Área de Seguridad e Higiene a cargo de responsable graduado/a universitario/a pero que contadas veces se acercan a las escuelas.

 

Desde UnTER, exigimos a los funcionarios a recorrer las escuelas, allí podrán notar a simple vista que el panorama dista mucho de lo que publicitan. Cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas tiene derecho a aprender en condiciones dignas, en ambientes sanos y seguros. Las y los docentes no deben preocuparse por si se les cae el techo o si las paredes están electrificas. Esto es responsabilidad innegable del Estado y del gobierno de turno. Es inadmisible, que siempre sea la comunidad educativa la que deba reclamar y que esta expuesta a factores que ponen en riesgo la salud.

 

Gral. Roca-Fiske Menuco, 10 de marzo de 2017.