Solo un año necesitó el Gobierno de Mauricio Macri para sumir a nuestro país en una crisis económica, que hacía años no padecía el pueblo trabajador. Era de esperar este impacto negativo por el avance de las políticas neoliberales. El paso siguiente es la puesta en marcha de un plan represivo para acallar las movilizaciones populares. Diez días del primer mes del 2017 fueron suficientes para que Patricia Bullrich y sus leales mostraran el aparato represivo con el que piensan sostener su proyecto de país.
El resumen muestra una historia reciente que merece ser capitulada. Con algunos ejemplos basta para comprender que el lema de lo que se viene es “reprimir para conducir”.
Días atrás, estudios privados demostraron que la suba de precios del 2016 fue del 40% de inflación promedio, el nivel más alto de los últimos 14 años, que incide de manera negativa en el poder adquisitivo de los/as trabajadores/as. Pérdida del salario que aumentará con la nueva suba en los combustibles.
Casi en paralelo, el gobierno anuncia un proyecto de baja en la edad de punibilidad, con la excusa de garantizar la seguridad ciudadana, concepto que en sí mismo es una falacia. Probado está que el índice de delitos crece cuando impera la desocupación y el Estado deja librado a su suerte a los sectores populares, a los más desprotegidos y a aquellas poblaciones en situación de riesgo. También que este tipo de gobiernos prefiere construir más cárceles que escuelas.
En Buenos Aires, el 10 de enero, casi 1000 vendedores manteros fueron reprimidos por la policía metropolitana, que avanzó con palos, gases y balas de goma, cuando cortaron la Avenida Rivadavia exigiendo un lugar digno donde trabajar y solicitaban un marco regulatorio para su actividad dispuestos/as a pagar monotributo. Reclamo válido, necesitan vender para mantener sus familias y deben hacerlo en los centros de consumo, no aislados en un galpón alejado, como pretendía el gobierno.
Ya habían anunciado el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta las medidas que se tomarían contra los cortes de calle, con la excusa que no permitirían se coartara el derecho al libre tránsito. Decisión que se aplica cuando se realizan por reclamos, nunca cuando son parte de espectáculos organizados por los amigos del poder, que nunca cuentan con la autorización requerida.
En el mismo día, en Chubut, la comunidad mapuche del Lof en Resistencia del departamento Cushamen, denunció que más de trescientos efectivos de la Gendarmería Nacional y fuerzas de la policía provincial invadieron su territorio, para reducir a cinco familias. Los testimonios de las víctimas son escalofriantes. En una versión moderna de la campaña al desierto, la Gendarmería desplegó todo su poder con helicópteros, drones, caballería, infantería y aviones hidrantes. Estos últimos, deberían estar al servicio de las provincias desbastadas por el fuego, nunca para reprimir.
Persiguieron a los integrantes de la comunidad a golpes y patadas, algunos tuvieron que cruzar el río, perseguidos por la caballería que disparó postas de goma y balas de plomo. Destruyeron las puertas de las viviendas donde se refugiaron las mujeres con sus niños y niñas. Hay tres heridos graves y varios detenidos, algunos familiares del Lonko Facundo Jones Huala, a quien intentaron extraditar a Chile y debió ser liberado luego de probar apremios ilegales a contra él y sus hermanos.
El conflicto, se inició en torno a la disputa por el paso del Tren turístico “La Trochita” por territorios de la comunidad. El Pu Lof exigía el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que marca precisiones de cómo deben actuar los gobiernos en estos casos y tiene rango constitucional. Sin embargo, el gobernador Mario Das Neves, cercano al macrismo, prefirió la ruptura de la mesa de diálogo y la represión antes que implementar la consulta correspondiente.
La cuestión de fondo del conflicto es la recuperación para el pueblo mapuche de las tierras que estaban en manos de Benetton, dueño de más de un millón de hectáreas en la Patagonia. Lo mismo que el magnate Joe Lewis y la familia real holandesa, van apropiándose de nuestra Patagonia mientras comparten las vacaciones con el presidente argentino.
Desde UnTER repudiamos y denunciamos la decisión de reprimir como forma de disciplinar a un pueblo que ha decidido valorar y defender la Democracia. Estaremos alerta y organizados junto a quienes estén dispuestos a impedir el avance sobre los derechos que se lograron luego de años de luchas colectivas por una sociedad más justa, solidaria y sin exclusión.
Gral. Roca - Fiske Menuco, 12 de enero de 2017.
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humano, Género e Igualdad de Oportunidades
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General